Editorial ABC
Habrá elecciones en Madrid
Toda la estrategia concertada por el PSOE con Ciudadanos contra el Partido Popular ha sido un fracaso: no ganan Murcia y Madrid se anticipa a cualquier jugada de Inés Arrimadas
La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de rechazar la suspensión del adelanto electoral acordado por Isabel Díaz Ayuso, debería llevar a la mesa de la Asamblea madrileña a desistir del recurso interpuesto y asumir su derrota. Los jueces han resuelto un conflicto difícil, que ellos mismos califican de inusual, con un auto que solo resuelve una petición de suspensión cautelar y que, teóricamente, no impide seguir discutiendo si prevalece la disolución de la Cámara madrileña o, por el contrario, las mociones de censura presentadas por la izquierda. El tribunal es muy prudente al no juzgar el fondo del asunto, que lo reserva a la sentencia final, pero tal y como la Mesa de la Asamblea madrileña planteó su petición de suspensión cautelar no le ha quedado más remedio que resolver a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid con una tesis que ya es inapelable. El argumento central de los jueces es que la disolución del Parlamento autonómico se produjo con la firma del decreto correspondiente por Díaz Ayuso y que la publicación posterior en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid solo es necesaria para dar publicidad al proceso electoral. El razonamiento jurídico que contiene el auto es mucho más complejo, pero mantiene la claridad del argumento: las mociones de censura no pueden ser utilizadas para neutralizar la potestad de la presidencia autonómica de disolver la Asamblea, una vez firmado el decreto de disolución.
Los partidos mayoritarios en la Mesa de la Cámara madrileña pueden perseverar en el pleito judicial, pero sin la suspensión cautelar de la disolución, el proceso electoral está en marcha, las funciones parlamentarias reducidas a las de la Diputación permanente y, en términos políticos, el Gobierno de Ayuso remodelado a tenor de la nueva situación. Será muy difícil -en el mundo judicial pocas cosas son imposibles- que un proceso a dos bandas, que enfrente a la Asamblea con el Gobierno madrileño, ya personado y desplegando toda su artillería jurídica, haga cambiar de criterio al TSJ de Madrid. Su razonamiento se basa en una mera cronología de acontecimientos que no va a ser modificada: la disolución es preferente a las mociones de censura. Si la oposición a Díaz Ayuso acepta el riesgo de seguir sumando derrotas judiciales a las políticas, está en su derecho de forzar a los letrados de la Asamblea a que mantengan el recurso, pero el auto del TSJ de Madrid es un llamamiento a dejar en paz la Asamblea madrileña y a no utilizarla en disputas partidistas. La disolución de la Cámara fue anterior a las mociones de censura y punto.
La consecuencia política de esta decisión judicial es que los partidos que presentaron las mociones -PSOE y Más Madrid- han quedado retratados -mal retratados- con la argucia con la que querían dejar a Ayuso sin la potestad estatutaria de disolver la Asamblea autonómica y a los madrileños, sin votar. Y Ciudadanos, que preside la Mesa del parlamento madrileño, ha dado al PP un argumento añadido a las razones por las que rompió el gobierno de coalición. Toda la estrategia concertada por el PSOE con Ciudadanos contra el PP ha sido un fracaso: no ganan Murcia y Madrid se anticipa a cualquier jugada de Arrimadas con los socialistas. Lo que empezó en Murcia se ha convertido en un movimiento político de ámbito nacional, quizá el detonante que necesitaba el centro-derecha para una reordenación interna. El auto de los jueces madrileños añade un tinte más dramático a la cadena de fracasos que han trabado el PSOE y Cs, que quisieron unirse en un proceso de intereses recíprocos a costa del PP y están pagando el coste de no haber medido las consecuencias de sus decisiones y la fortaleza real de los populares.
