Editorial
Don Felipe, de nuevo ejemplar
Al revelar su patrimonio, el Rey no solo reafirma su compromiso personal con la transparencia sino que lo institucionaliza al convertirlo en obligatorio por ley
Don Felipe ha decidido hacer público su patrimonio personal, que asciende a 2,5 millones de euros en depósitos, arte, antigüedades y joyas, ahondando con ello en los pasos que viene dando desde que asumiera la titularidad de la Corona, expresados en su discurso de proclamación como Rey, en 2014, cuando afirmó que «hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos». El anunciado ayer es un paso novedoso y trascendental, acorde con esas exigencias éticas que los tiempos ordenan en la esfera pública, ejemplificador en definitiva del propósito de total transparencia que comenzó en los albores de su reinado al someter, como primera medida, las cuentas de la Casa a una auditoría externa. Esa ejemplaridad y transparencia es la que piden los ciudadanos a cambio de su lealtad, un intercambio de valores del que no se sustrae ninguna monarquía parlamentaria europea. Don Felipe ofrece ahora a los españoles una nueva muestra, al detalle, de ese propósito, implementado tras las adversidades originadas por el pasado privado de su padre.
La idea que inspira estas decisiones es la salvaguarda de la institución que encabeza para que ninguna de las fuerzas que se oponen activamente a ella y buscan el fin de la monarquía parlamentaria (algunas, por cierto, incluidas por Pedro Sánchez en el Gobierno de España) encuentren excusa para perseverar en la tarea de terminar con la legitimidad histórica de la Corona que le ha sido legada o con lo que es casi más importante, el sistema político que ha propiciado a España el periodo más prolongado de paz y prosperidad de toda su historia, el bálsamo con el que los españoles abrazaban la democracia y acordaban concederse la Constitución de 1978, pilar fundamental de nuestro Estado de derecho. Cada 14 de abril asistimos a la monserga activista del sector republicano, que insiste en una tercera república cuya necesidad, en cambio, no advierte ninguna de las encuestas de opinión realizadas hasta el momento.
Y quiere Felipe VI que esta voluntad de diafanidad en torno al patrimonio del primero de los españoles no sea una decisión personal suya, sino que a través del procedimiento legislativo correspondiente, quienes le sucedan en la Jefatura del Estado -la primera su primogénita, la Princesa Leonor- pongan negro sobre blanco anualmente su patrimonio. La Corona se obliga por ley a ser transparente.
El paso de Don Felipe tiene, además, la virtualidad y el mérito de suplir el proyecto de ley de la Corona que Pedro Sánchez tenía en la cabeza, ya descartado por carecer de sustento constitucional. El propio Rey, por su voluntad, abre en canal sus cuentas y su patrimonio y da una lección de ejemplaridad a quienes, con mucha menos legitimidad para hacerlo, no dejan de reclamársela pese a la intachable trayectoria que ha mostrado durante todo su reinado. Vuelve a adelantarse por tanto Don Felipe, como cuando hace algo más de dos años, en plena efervescencia de los reproches al origen de las cuentas de Don Juan Carlos, renunció a la herencia de su padre preventivamente, setecientos días antes de que la Fiscalía archivase todas las investigaciones emprendidas alrededor de determinados episodios de la vida personal de Don Juan Carlos.
