Editorial
Digamos terrorismo urbano
En España no hace falta cambiar el ‘modelo policial’ catalán, salvo para garantizar su lealtad constitucional. Solo hace falta llamar a las cosas por su nombre y aplicar la ley
Más que de un salto cualitativo dado por los violentos, el intento de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona es un paso perfectamente previsible en la progresión que está tomando el acoso de la extrema izquierda violenta en Cataluña. Con dos guardias en el interior del vehículo, lo que sucedió fue un intento de asesinato, perfectamente calificable como terrorista y como tal debería ser perseguido y enjuiciado. Menos condenas vacías y más respuestas eficaces. En Cataluña se ha pasado de la violencia callejera al terrorismo urbano, con todas las consecuencias que este cambio de denominación implica. Lo que sucede noche tras noche en las calles de Barcelona busca «alterar gravemente la paz pública», finalidad por sí sola suficiente, como dice el Código Penal, para que los hechos puedan ser tratados como terrorismo urbano. Si, además, según los servicios de información de los Mossos d’Esquadra, los ataques que reciben las fuerzas de seguridad están perfectamente planificados y ejecutados por grupos coordinados, ya no podemos hablar de jóvenes violentos, sino de grupos criminales, lo que añade más evidencia a la finalidad terrorista del vandalismo de extrema izquierda.
Quien tiene que dar un salto cualitativo es el Estado para que realmente se imponga el imperio de la ley. Hay un discurso corrosivo que tiende a banalizar cuanto de ilegal y delictivo sucede en Cataluña, desde el asalto sedicioso del 1-O, hasta la violencia sistemática contra su policía autonómica. Todo cuenta siempre con coartadas oportunistas basadas en el ejercicio de derechos y libertades, pero a la luz de la ley no pueden esconder su realidad criminal. Se trata de poner el foco de la ley en cuanto está ocurriendo en Cataluña. Mientras no se haga, esta comunidad seguirá presa de la ceguera voluntaria de su clase política dirigente, cuya conclusión después de más de una semana de vandalismo en Barcelona, con decenas de policías heridos y cientos de miles de euros en bienes destruidos, es que ‘hay que cambiar el modelo policial’. La senda abierta por el separatismo en Cataluña y por Unidas Podemos en el Gobierno lleva a la implosión del Estado de Derecho, salvo que el Estado de Derecho reaccione. Pero eso exige cambiar muchas cosas que, ahora mismo, forman parte del estatu quo que legitima la violencia desde las instituciones, porque hay una parte de las instituciones que está tomada por políticos que alientan la violencia o la justifican.
Una verdadera condena de los actos vandálicos cometidos por la extrema izquierda en Cataluña tiene que ir acompañada por cambios visibles. Si el PSOE condena esa violencia, no puede ser socio de Unidas Podemos en el Gobierno central. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena esa violencia, debe cesar a los ministros de Unidas Podemos. Y si Salvador Illa condena la violencia, debe zanjar con un no rotundo cualquier opción de pacto con Esquerra Republicana y los comunes. Claro que la buena relación del PSOE con Bildu es un contrapunto a la esperanza de que los socialistas actúen como exigen las prioridades básicas de la democracia.
De la ‘kale borroka’ de ETA hemos pasado a la ‘kale borroka’ de la extrema izquierda. De los discursos legitimadores de Otegui hemos pasado a los discursos legitimadores de los socios de Sánchez, es decir, Unidas Podemos y ERC. No hace falta modificar el régimen penal de los delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo, ni cambiar el ‘modelo policial’ catalán, salvo para garantizar su lealtad constitucional. Solo hace falta llamar a las cosas por su nombre y aplicar la ley. Digamos, por eso, terrorismo urbano y que empiece a funcionar la Audiencia Nacional.
