Editorial
El diálogo social, en peligro
El Gobierno se ha empecinado en subir el salario mínimo en contra de los empresarios y a medio plazo eso puede dinamitar otros pactos con las pensiones y la reforma laboral
La reunión consultiva que hoy mantendrá la ministra de Trabajo para explorar a los sindicatos y fijar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), arrancará sin posibilidad de acuerdo con los empresarios, cuyas principales organizaciones ya han anunciado que se opondrán a esa subida. Aunque el incremento que plantea el Gobierno se traduciría en no más de 19 euros mensuales, los empresarios advierten de que el mercado laboral se encuentra en un momento crítico porque en absoluto puede decirse que la recuperación económica esté consolidada. No se trata, a juicio de la patronal, de un problema cuantitativo, sino de oportunidad. Políticamente, la más que probable subida del SMI significa una victoria táctica de Unidas Podemos frente a la vicepresidenta Calviño y un error estratégico del equipo económico del Gobierno, porque solo es una medida para salir del paso. Para valorar la solidez de la recuperación de la economía hay que esperar a la evolución del empleo en los meses posteriores al pico de contratación en verano, poco fiable para acordar la subida del SMI. Los sindicatos señalan el aumento del empleo en los meses anteriores, pero este argumento puede ser engañoso porque ha habido mucho empleo público y mucha contratación temporal y a tiempo parcial. La finalidad política de la subida del SMI es aparentar que compensa el incremento preocupante de la inflación, que ya supera el 3 por ciento, a causa del precio disparado de la luz. Pero esta forma de proceder no es más que un parche frente a la carestía de la vida, un mensaje de propaganda a corto plazo y más lastre sobre la recuperación económica a largo. La mayoría del empleo en España está concentrada en autónomos y pequeñas y medianas empresas, muy sensibles a cualquier incremento de sus costes salariales y con efectos inmediatos adversos en la productividad y la contratación. Cuando se habla de subir el SMI hay que mirar a estos protagonistas de la creación de empleo, porque son los principales destinatarios de una medida que Unidas Podemos vende como una iniciativa frente a la gran empresa, lo cual no es cierto.
Antes que rendirse a la presión de sus socios comunistas, Pedro Sánchez debería calibrar los efectos de imponer una subida del salario mínimo no solo a los empresarios, sino a la capacidad productiva del país en su conjunto. Está en juego el diálogo social, que es un diálogo, no un monólogo a golpe de decreto-ley. Un diálogo social en cuya agenda siguen anotadas las reformas de las pensiones y del mercado laboral, tantas veces anunciadas como nunca precisadas. La situación económica y laboral de España no está en condiciones de soportar tácticas cortoplacistas para salir del paso. Ahora mismo, la economía española se mueve en el alambre que separa la recuperación del estancamiento, en un contexto de deuda y déficit públicos en ascenso. El salario mínimo no puede ser tratado como un señuelo que se arroja para calmar a unos ciudadanos que pagan más por la luz que lo que recibirán de esa subida salarial. Y siempre que esa subida de la nómina les alcance, y no les llegue una reducción de jornada laboral, o un contrato no renovado, o un despido, porque el pequeño empresario no puede asumir la factura política que se le pone al cobro. Nadie puede oponerse, por principio, a la subida del salario mínimo, pero sí a su utilización como mercancía de propaganda y precio a pagar para mantener una coalición de gobierno cada día más inviable y más impugnada por sus contradicciones y desconfianzas internas.
