Editorial

Contra todos los abusos a menores

Todas las víctimas tienen derecho al amparo;el drama vivido por cada una de ellas está repleto de similitudes, miedos e indefensión, por lo que no cabe usarlas ideológicamente

Editorial ABC

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La lacra de abusos a menores es una de las prácticas más execrables y repugnantes que cualquier ser humano pueda imaginar y sufrir, hayan tenido lugar dentro de la Iglesia o en cualquier otro ámbito. Concurren en ella un desprecio absoluto por la inocencia de los menores, un abuso de poder y autoridad que convierte a sus causantes y a su concepto de la sexualidad en monstruos indignos, y sobre todo, una cobardía moral carente de toda justificación. Los abusos a menores han existido siempre y, por desgracia, siguen existiendo, incluso de modo organizado, a través de mafias que se lucran con ello en busca de conductas miserables que nunca deberían producirse. Es evidente que la sociedad tiene una deuda pendiente con sus miembros más vulnerables que no ha sabido resolver. Cuantos más casos demostrables salgan a la luz, más capacidad tendremos de identificar, resarcir e indemnizar a las víctimas, si es que ello fuese posible, porque siempre, en todas las circunstancias, se trata de daños morales, personales y psíquicos irreparables. Los abusos se producen en todo tipo de entornos. Ocurren en los colegios, en equipos deportivos, en organizaciones y colectivos diversos y en el seno de las familias, donde este tipo de abusos estadísticamente son más mayoritarios que en ningún otro espectro social. Por eso es una necesidad imperiosa investigar, denunciar, reparar y amparar a las víctimas. Y por supuesto, investigar, perseguir y juzgar a los agresores, en todos los casos posibles y con las garantías de un estado de Derecho.

Todas las víctimas tienen derecho a ese amparo, y tratar de establecer cordones o calidades entre agredidos, en función de si fueron maltratados y abusados por miembros de unos colectivos o de otros, es injusto. El drama vivido por cada uno de ellos está repleto de similitudes, miedos e indefensión. Sin embargo, recurrir al factor ideológico para resaltar unos abusos sobre otros no tiene pase a estas alturas de nuestra historia, conociendo los testimonios que se están conociendo. En este sentido, la Iglesia católica tampoco ha sido ajena a esta desvirtuación de su propia moral por parte de algunos de sus miembros, para vergüenza de los creyentes. La generalización siempre es injusta, pero es evidente que tanto la lucha del Papa Francisco, del Emérito Benedicto XVI ayer mismo, de la Iglesia francesa pidiendo perdón públicamente, o de la propia Conferencia Episcopal Española asumiendo que se investigarán todas las denuncias con visos de verosimilitud, demuestra que al menos existe un acto corrector de contrición y rectificación. Caiga quien deba caer. Nada es menos defendible que un abuso sexual a un menor, y la Iglesia no solo lo sabe, sino que ha empezado a esclarecer casos en muchos países. Pero centrar las culpas en exclusiva en la Iglesia y estigmatizarla, cuando es responsable de una minoría de los abusos, es tener una visión incompleta y sectaria del problema. Todos los culpables han de pagar por ello, del ámbito que sean sin distinciones, más aún si sus delitos siguen vigentes porque no han prescrito. Han de abrirse cuantas investigaciones penales sean necesarias por los daños y perjuicios causados, pero también por la dignidad de una sociedad comprometida en la erradicación de esas conductas.

Desde esta perspectiva, el trabajo emprendido por el Gobierno es manifiestamente incompleto. Parece perseguir más a unos culpables que a otros, y si se trata de la Iglesia como estigma principal, se equivoca en su empeño. Hay muchas más víctimas que las sometidas a abusos en el ámbito eclesiástico. Junto con la Iglesia, todos los demás ámbitos bajo sospecha. Que ninguna quede blanqueada por el Gobierno para no ideologizar este tipo de delitos, porque lamentablemente el Ejecutivo se ha convertido en un gran especialista de la propaganda para desenfocar a capricho crisis muy serias y graves.

El PSOE ha recurrido a una memoria histórica selectiva, a menudo basada en su anticlericalismo cuando ha querido y a capricho, encubriendo otras conductas reprobables. Lo mismo ha ocurrido con la figura de Franco, con los monjes del Valle de los Caídos, con su intrigante inmatriculación de bienes de la Iglesia, o con la permanente amenaza -siempre incumplida- de revisar los acuerdos con la Santa Sede. La Iglesia habrá cometido errores severos, pero no es la única y convertirla, como pretende la izquierda, en chivo expiatorio con el fin de sacar rédito político es una mezquindad si realmente se persigue convertir la lucha contra esta lacra en un causa justa. Las cruzadas y las actitudes inquisitoriales no pueden formar parte del tacticismo político de nadie. Ni siquiera del Gobierno de coalición PSOE-Podemos.

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