Editorial
El bolsillo no engaña
Sánchez puede refugiarse en Europa cuanto quiera. Pero en España dispone de un margen de maniobra propio para la gestión de la crisis que se ha empeñado en no aprovechar
No es preciso abrumar excesivamente con los datos porque con unos pocos ejemplos basta para reafirmar la evidencia de que la inflación no es coyuntural, como sostenía el Gobierno, sino que se prolongará como mínimo hasta el final del año. Culpar de todo, como hace el Gobierno a la coyuntura pospandemia y ahora a la invasión de Ucrania y a la crisis de suministros y precios generada por ello, no deja de ser un ejercicio de evasión. Todo influye, y es cierto que hay muchas causas exógenas al Gobierno, pero también lo es que si España está en mayor situación de debilidad que otros países expuestos a la inflación es por la incapacidad de gestión económica demostrada en los dos últimos años. No se puede culpar siempre al empedrado ni refugiarse con explicaciones infantiles sin ofrecer un mínimo de soluciones al ciudadano. No sirven solo los gestos de resignación.
En febrero, los precios han escalado hasta el 7,6 por ciento, un dato desolador que demuestra la tendencia alcista de una inflación que no tiene tope. La electricidad se ha disparado en un año un 80,5 por ciento, y los combustibles, un 52,3 por ciento. Llenar un depósito medio de gasolina o diésel para cualquier español con vehículo supone ya la friolera de cien euros, es decir casi el doble que hace unos meses. El IPC ha crecido un 0,8 por ciento en relación a enero, lo que ha encarecido mucho más la vida, especialmente los combustibles y energías, sí, pero también la cesta de la compra. Prueba de ello es que algo tan esencial como el aceite ha subido ya un 32 por ciento en los últimos meses. Es el nivel de encarecimiento más alto desde 1986 y está castigando todos los bolsillos ante la inacción del Gobierno, que parecer haber olvidado que la inflación ya se había instalado en España muchos meses antes de la invasión de Ucrania por Rusia, y que ha pasado de la falsa euforia de un crecimiento sostenido y unas previsiones casi descabelladas, a darse de bruces con la realidad de una clase media castigada como nunca, y con los más desfavorecidos en situación muy desesperada.
El mundo de la ganadería y la agricultura, los transportistas, los autónomos… todas las normas del Gobierno no están diseñadas para esta coyuntura y resultan perjudiciales. Pero mientras, el Ejecutivo hace caja. Hace caja con el 50 por ciento de lo que paga cada español cada vez que llena el depósito del coche. No todo es dependencia del gas ruso porque altere los precios en Europa central. En España, Sánchez puede hacer más con una reducción de impuestos, aunque fuera de manera provisional, y de momento solo se ha limitado a admitir que «vienen tiempos duros». Si a esta situación se suma ya el riesgo posible de entrar en estanflación -mezcla de inflación y estancamiento del crecimiento-, el diagnóstico se complica más. Sánchez puede refugiarse en Europa cuanto quiera. Pero en España dispone de un margen de maniobra propio para la gestión de la crisis que se ha empeñado en no aprovechar. Lo de menos ahora son sus socios de coalición o parlamentarios. Es el momento de decisiones audaces porque si se descontasen las rebajas de impuestos ya aprobadas para contener la subida de la factura de la luz, por ejemplo, el IPC habría alcanzado este febrero el 8,5 por ciento, según el INE. La situación económica empieza a ser insostenible para muchos, mientras el Gobierno se engañaba a sí mismo creyendo que tranquilizará al ciudadano. Pero el bolsillo no engaña.
