Editorial
Ahora también la Fiscalía sospecha de los avales
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A la Generalitat se le ha complicado sobremanera la maniobra para hacer pasar por una práctica común que el Instituto Catalán de Finanzas pueda avalar las fianzas que casi cuarenta antiguos altos cargos deben presentar por un montante total de 5,4 millones de euros. No solo el Tribunal de Cuentas duda de que sea legal sufragar con dinero público esas fianzas, sino que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia también ha aceptado investigar una denuncia de Ciudadanos en idéntico sentido. Malversar fondos públicos para cubrir otra malversación de dinero público parece un contrasentido abusivo que no tiene por qué pagar el ciudadano de su bolsillo. Cuanto antes los afectados puedan completar el importe de sus respectivas fianzas con sus bienes y propiedades privadas, antes terminará esta extorsión a las arcas públicas, y antes tomará nota la Generalitat de que está pisando el pantanoso terreno de lo delictivo.
