Desjudicializar era esto

Con la apertura de nuevas delegaciones -«embajadas»- de la Generalitat en el exterior, el Gobierno de Pedro Sánchez celebra como buena noticia lo que no es más que una trampa a los intereses nacionales. El Ejecutivo autonómico presidido aún por Joaquim Torra ha podido abrir tres delegaciones -Argentina, Túnez y México- con el beneplácito de Pedro Sánchez, porque esta vez, dijo ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, las normas aprobadas por la Generalitat han sido previamente validadas por el Gobierno. Un lavado de cara del texto de tales normas es lo que permite al Ejecutivo catalán disponer nuevamente de una red de agencias de propaganda internacional con cargo al dinero público. Que ambos gobiernos estén de acuerdo no sólo no es motivo para la tranquilidad, sino todo lo contrario: mueve a la preocupación por la patente de impunidad que Sánchez ha extendido a favor de la diplomacia separatista.

Fue un socialista, José Borrell, quien mejor definió el carácter ilegal y anticonstitucional de las «embajadas» catalanas, porque promovían el desprestigio de España y expandían las tesis separatistas. Por eso su ministerio impugnó ante la Justicia los decretos autonómicos que crearon seis delegaciones en el exterior y que ayer mismo fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Desjudicializar» era esto: contraprogramar la acción de los tribunales. El papel lo aguanta todo y los decretos del Gobierno catalán, también. Pedro Sánchez engaña a los españoles con el mensaje de que ahora todo es legal en la red exterior de la Generalitat, como si para los separatistas fuera un freno lo que dicen literalmente las normas. En el fondo, Sánchez y su Gobierno toman por tontos a los españoles si pretenden hacerles creer que la agenda internacional del separatismo se ha quedado desactivada por cambiar un verbo o un sustantivo. Pero después de lo que ha vivido España, engañar a todos todo el tiempo es imposible. Si a los separatistas, ahora socios de Sánchez, no les paró el 1-O de 2017 el claro dictado de la Constitución, menos aún lo harán unos decretos de tres al cuarto aprobados por el Gobierno presidido por un condenado por desobediencia.

La coalición del socialismo con el separatismo se basa en la subversión de los valores esenciales del Estado de Derecho y, sobre todo, en la mentira. Un gobierno de separatistas conjurados por la declaración unilateral de independencia nunca pactará nada que sea respetuoso con los principios constitucionales. Además, ya se sabe que, para Sánchez y Torra, la legalidad es un concepto flexible, que admite una cosa y su contraria y que tiene la interpretación que convenga en cada momento. Este pacto de trileros sobre las «embajadas» catalanas es un anticipo de cómo se van a desarrollar los futuros acuerdos de la mesa bilateral entre gobiernos aceptada por el PSOE.