Desconfianza con causa

Tras el severo toque de atención con que Bruselas censuró el pasado miércoles las cuentas que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez, ayer fue la OCDE la que, en línea con el resto de organismos internacionales y gabinetes de estudios, redujo las previsiones de crecimiento económico y alertó sobre el incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública. La caída del consumo interno y de la demanda exterior tendrá un impacto directo en el mercado laboral y en una cifra de parados que obligará a aumentar el gasto en prestaciones de desempleo. El círculo vicioso de la desaceleración rodea un paisaje económico en cuyo centro se sitúa el documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar una coalición de gobierno y poner en marcha una política de contrarreformas, hasta ahora solo sugeridas, que va a acelerar el deterioro de las cuentas públicas y, peor aún, del bienestar de los contribuyentes.

Invitado a la clausura del congreso anual de la European Family Businesses, Pedro Sánchez garantizó el pasado miércoles «la estabilidad presupuestaria» y la «disciplina fiscal», exigencias que situó entre los «ejes vectores» de su próximo ejecutivo», el que ha diseñado de forma discreta de la mano de Pablo Iglesias y para el que ahora busca el apoyo del separatismo. Compatibilizar los deberes que Bruselas o OCDE plantean al próximo ejecutivo con el programa económico de Podemos, un manual de intervencionismo comunista, gasto improductivo y persecución empresarial, es la cuadratura del círculo que vende Pedro Sánchez para tratar de sosegar a las autoridades comunitarias o a un sector industrial que comienza ya a prepararse para el hachazo fiscal y la retracción del consumo.

El líder del PSOE es experto en decir una cosa y hacer la contraria, no solo en el ámbito económico. Lo hizo al anunciar -no hace tanto, en el debate de la reciente campaña electoral- un plan para poner coto al sectarismo de TV3, penalizar por ley la celebración de referendos independentistas e introducir en las aulas una asignatura obligatoria de educación en valores civiles, constitucionales y éticos, un paquete de medidas que de momento se ha traducido en el diálogo abierto con ERC, cuyo apoyo a la investidura, ahora en proceso de consultas a la militancia, pasa por la convocatoria de una mesa extraparlamentaria de negociación que reconozca la existencia de un «conflicto político con el Estado». La desconfianza que en todos los órdenes de la vía pública genera el presidente del Gobierno en funciones resulta especialmente grave en el terreno económico. Sus discursos tranquilizadores tienen el valor de una promesa electoral, papel mojado por los socios que ha elegido para traspapelarlas y transgredirlas.