El deficiente papel de los reguladores

El Banco Santander se adjudicó ayer el Popular por la cantidad simbólica de un euro tras la decisión de las autoridades comunitarias de intervenir la entidad ante el riesgo inminente de quiebra, lo cual vuelve a poner en duda la eficacia y diligencia de los reguladores, tanto españoles como europeos, para analizar de forma conveniente y fidedigna la fortaleza real de las entidades financieras. Tras el histórico desplome que sufrió en Bolsa durante las últimas jornadas, donde llegó a perder más de la mitad de su valor, y en medio de una grave incertidumbre acerca de su futuro, que se tradujo en una intensa retirada de depósitos, la Junta Única de Resolución europea, encargada de resolver la situación de los bancos en crisis, decidió su intervención y posterior venta con el fin de proteger a los depositantes y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, cabe preguntarse cómo es posible que los reguladores no hubieran detectado antes los graves problemas de liquidez y solvencia que atravesaba el Popular para actuar en consecuencia y evitar esta drástica salida.

La resolución de la entidad se precipitó después de que el Banco Central Europeo (BCE) aflorara un agujero de entre 2.000 y 8.000 millones de euros en función de las diferentes estimaciones, cuya cuantía hacía inviable la continuación del Popular en solitario, ya que la falta de liquidez le impediría abrir sus oficinas un solo día más. Pero este crítico diagnóstico contrasta con las pruebas que realizó la Autoridad Bancaria Europea el pasado año, donde el Popular superaba el nivel mínimo de solvencia que exigía el regulador comunitario ante el peor escenario posible. Y ello sin contar la ampliación de capital que protagonizó el banco a mediados de 2016 por valor de 2.500 millones de euros para reforzar su balance, superando así con nota el examen del regulador europeo.

Lo mismo cabe decir de los supervisores nacionales, puesto que tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España y la CNMV tendrían que haber actuado con mayor eficacia para solventar la incertidumbre bursátil y la creciente crisis de confianza que han minado la viabilidad del Popular. Es evidente que los controles previos han fallado y que las autoridades españolas deberían haber custodiado mejor la lenta agonía del banco. La credibilidad de los reguladores vuelve a quedar en entredicho. Por desgracia, la única salida que le quedaba al Popular tras la sentencia del BCE era su intervención, con las consiguientes pérdidas para accionistas y tenedores de deuda. Su venta y saneamiento por parte del Santander garantiza la tranquilidad de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero, sin necesidad de inyectar dinero público, pero la principal tarea del regulador es prevenir que se llegue a este extremo.