En defensa del magistrado Llarena

El amparo que concedió ayer la Comisión Permanente del CGPJ al magistrado instructor del golpe de Estado en Cataluña, Pablo Llarena , tiene la contundencia que exige el caso. Al Poder Judicial no le cabía otra opción que amparar al juez, contra quien Puigdemont y cuatro exconsejeros huidos han presentado una demanda en Bélgica cuestionando su independencia e imparcialidad. El CGPJ no solo rechaza de plano la exigencia de un Juzgado de Bruselas de que Llarena comparezca el 4 de septiembre, sino que sostiene que esa demanda es fraudulenta y supralegal. De hecho, se trata de otra operación victimista del separatismo en su campaña para desprestigiar nuestro sistema judicial, desautorizar al Supremo y apartar a un magistrado que ha aplicado la ley a rajatabla, y con todo rigor, frente a quienes han intentado romper España. Por eso el CGPJ acierta al sostener que la demanda es « un ataque planificado » contra Llarena para «condicionar e influir» en las futuras resoluciones del caso. Se trata de una férrea defensa de Llarena, extensiva a todo el aparato de garantías constitucionales.

Habitualmente, cuando el CGPJ concede el amparo a un juez nunca se produce ningún tipo de consecuencia institucional, administrativa o penal para los causantes del desamparo, y este tipo de actuaciones quedan a título de inventario. En esta ocasión, ha modificado su tono habitual para denunciar la « flagrante y burda » vulneración de la independencia de un juez a manos del separatismo porque, además, esa estrategia lleva implícito un cuestionamiento de nuestro Estado de Derecho. La ocasión para una defensa radical de Llarena era idónea e inevitable, especialmente porque España no debe permitir un uso de la euroorden con fines extrajurídicos, anulando de facto ese instrumento de cooperación judicial como hace Bélgica, y contribuyendo a una infame campaña de manipulación. Sin duda, es inédito y abusivo que cualquier juez de otro país -se supone que amigo y socio- se inmiscuya de esta manera en la jurisdicción del Poder Judicial de otro Estado, y por eso el CGPJ insta a los Ministerios de Justicia y Exteriores a adoptar las medidas necesarias « para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española » ante los tribunales belgas frente al fraude de ley de Puigdemnot.

No es permisible regalar más bazas al separatismo y permitir que otros jueces extranjeros politicen nuestra Justicia con falacias e interpretaciones grotescas de nuestras leyes. Es nuestro sistema de garantías lo que está en juego y el Gobierno de Sánchez debe tomar nota. Aunque no parece que tenga muchas ganas de hacerlo, al menos con el denuedo y convicción que reclama el Poder Judicial, porque la única vocal del CGPJ que ayer se opuso al atender la petición de amparo de Llarena, Concepción Sáez , acaba de ser fichada por la ministra de Justicia.