El cupo vasco y la solidaridad

La actualización del cupo vasco –la cantidad que paga el País Vasco al Estado por los servicios que este le presta– está siendo motivo de enfrentamiento entre el Gobierno del PP y su socio de investidura, Ciudadanos. La formación de Rivera se opone no al Concierto Económico, que está refrendado por la Constitución, sino a la forma en la que el Gobierno y el PNV han alcanzado su acuerdo sobre el importe del cupo y a las bases que se han aplicado para su cuantificación. Es una polémica incómoda para el Gobierno porque Ciudadanos maneja argumentos muy sensibles para el electorado del PP, como la unidad tributaria de España y la igualdad fiscal de los españoles. Y no solo para los populares, también para Pedro Sánchez pues tres comunidades de gobierno socialista (Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana) vinieron ayer a poner pegas al nuevo cupo mientras no se resuelva el nuevo modelo de financiación regional. La queja atañe a Rajoy, claro, pero también a la autoridad del secretario general en el seno del PSOE.

La cuestión del cupo, como el Concierto Económico –fundamento de la soberanía fiscal vasca–, es resultado de una coyuntura histórica, como fue la derrota definitiva del carlismo y la supresión de algunos privilegios medievales de los territorios históricos vascos en el último cuarto del siglo XIX. Es evidente que la fragmentación de regímenes fiscales en España no es la situación más coherente con el principio de solidaridad ni se compadece con la convergencia fiscal europea. Pero está en la legislación y hasta que no se modifique, lo que hay que buscar es que el montante sea lo más justo posible. También hay que tener en cuenta que la defensa del Concierto y del cupo es compartida por nacionalistas y no nacionalistas, lo que supone un elemento de consenso en la sociedad y la clase política vascas.

En todo caso, el cupo, aun estando consagrado por la Constitución, no debe convertirse en un precio de saldo para que el Gobierno logre los votos del PNV que apoyen los Presupuestos Generales del Estado. En un momento histórico crítico como el actual, en el que la insurrección separatista en Cataluña ha puesto en evidencia los errores del pasado entreguismo a las fuerzas nacionalistas, conviene al Gobierno del PP ser muy prudente en sus pactos con el PNV, más aún si esta formación no solemniza de manera explícita y definitiva su respeto al régimen constitucional de 1978. Si hay cupo debe haber lealtad al sistema que lo consagra. La situación de España emplaza al Gobierno de Rajoy a un difícil equilibrio entre las necesidades económicas del país –la primera de ellas es contar unos Presupuestos que den estabilidad– y la gestión política de unos conflictos nacionalistas patentes, como el catalán, o latentes, como el vasco. Es una cuestión de prioridades.