Crece el motín municipal ante una injusticia

No tiene sentido político alguno que el Gobierno se niegue a revisar el inaceptable decreto por el que obliga a los Ayuntamientos a ceder a Hacienda sus superávit (unos 14.000 millones de euros) para poder acceder a, como mucho, 5.000 millones (recibidos en dos plazos) de las ayudas que se dispondrán con motivo de la pandemia. Alcaldes de todos los partidos (algunos del PSOE) piensan que se trata de una confiscación de los ahorros que con mucho sacrificio han conseguido esos Consistorios para ir saneando sus cuentas, lastradas por deudas millonarias. A día de hoy, y teniendo en cuenta la oposición casi general (socialistas aparte) a esta decisión, es imposible que el decreto sea convalidado por las Cortes, de tal forma que mejor haría el Ejecutivo en negociar con los alcaldes un mejor acuerdo que el pastiche alcanzado con la FEMP, dirigida por el socialista Abel Caballero, que supone un ataque frontal a la autonomía de los Ayuntamientos y, por ende, una agresión al municipalismo desconocida hasta el momento. La ministra Montero tiene, a día de hoy, la batalla perdida y sus maniobras de última hora, como hacerse cago del pago de los intereses que los bancos les cobran por tener depositados allí esos 14.000 millones son un juego de manos, porque esos 70 millones son una cantidad ínfima, migajas para apagar el motín municipal que hay organizado tras la confiscación práctica de ese remanente por parte de Hacienda.

El Gobierno solo parece ver en ese superávit una inyección extra a su paupérrima situación financiera. Hace una semana pedía a Europa 20.000 millones para pagar los ERTE, lo que indica claramente la asfixia económica que Sánchez quiere en parte mitigar a costa de arruinar la prosperidad de los Ayuntamientos... y de sus vecinos, claro.