Crear empleo, ya sea a distancia o presencial

El Gobierno ha decidido rebajar el coste del teletrabajo para las empresas. Según el documento sobre la regulación de esta actividad que el Ministerio de Trabajo ha enviado a los agentes sociales para su negociación, las empresas ya no tendrán que sufragar al teleempleado todos los gastos directos e indirectos de su actividad laboral, como en un principio parece que iba a ordenar, y podrá adoptar las medidas que estime más oportunas para vigilar al trabajador. No parece fácil que los sindicatos vayan a apoyar sin rechistar este giro a las condiciones del teletrabajo. Trata el Ejecutivo de acercarse a los empresarios después que desde que estallara la pandemia haya obviado la mayoría de las demandas de la patronal. Y cuando ha terminado por aceptar algo lo ha hecho muy parcialmente y a trompicones. La regulación del trabajo a distancia debe ser una prioridad. Si antes del Covid apenas un 8 por ciento de los empleados se acogía a esta modalidad, el coronavirus ha más que triplicado ese porcentaje de tal forma que un tercio de los españoles ha teletrabajado habitualmente durante la pandemia. Parece justo que las condiciones de la actividad laboral a distancia no supongan un menoscabo económico para el empleado y que deberá regularse de manera sensata el control de las empresas sobre esa actividad. Pero la primera tarea del Gobierno es mitigar el desastre laboral que se avecina este otoño mientras no se pueda recuperar una parte sustancial de la «vieja normalidad». España no es viable si, como ha ocurrido los meses de atrás, solo trabaja un tercio de la población. La misión de Sánchez es, por tanto, promover las reformas necesarias para que crezca la economía productiva y el empleo, ya sea presencial o a distancia. El dinero que llegará del auxilio de la UE debe invertirse, en buena medida, en ese fin.