Coto al fraude en las tesis doctorales

La dimisión de Concepción Canoyra como directora general de Educación Concertada es una decisión tan inevitable como encomiable. La información de ABC sobre los plagios con los que redactó su tesis doctoral, de poco más de un centenar de páginas, no dejaban margen a otra reacción, pero lo importante es la rapidez con la que asumió su responsabilidad y también el mensaje de firmeza que emitió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si la ejemplaridad de los cargos públicos es siempre exigible en su máximo nivel, cuando afecta al ámbito de la educación, se hace aún más cualificada. Los alumnos españoles no pueden seguir viendo casos de fraude académico con las tesis doctorales o con manuales o libros de texto, porque no van a sentirse llamados a interiorizar el valor de la excelencia, del esfuerzo intelectual y del sacrificio personal.

Por esto mismo no basta con la dimisión de Canoyra si otros cargos públicos de mayor relevancia, como el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, o el presidente del Senado, Manuel Cruz, miran a otro lado o se escudan en explicaciones ramplonas o se hacen las víctimas de una persecución imaginaria. Hablamos de la segunda y de la cuarta autoridades del Estado. Concepción Canoyra debería ser el espejo en el que se miraran los plagiadores que acceden a funciones públicas y dan lecciones de ética política (o de filosofía), como si las exigencias de la responsabilidad personal no fueran con ellas.

Además, el caso de Canoyra llueve sobre mojado, porque pertenece al mismo departamento y a la misma Universidad -la Camilo José Cela- en la que Pedro Sánchez obtuvo su doctorado. Por eso tampoco bastan las dimisiones individuales si el sistema mantiene abiertas las grietas por las que se cuela la corrupción universitaria. Porque este caso de la tesis volandera salta ya a otra universidad pues exactamente el mismo trabajo copiado por Canoyra fue presentado por otro doctorando en la Complutense cuatro años más tarde. Y también coló.

España no se merece que su mundo universitario malverse su crédito con estas tesis doctorales de bajo coste y nulo esfuerzo, en cuya estafa científica cooperan el director que la avala, el departamento que la admite, la Universidad que la tramita y el tribunal que la aprueba. Es incomprensible que el burocratismo de plumilla que lastra la vida universitaria -y tantas veces frustra la carrera de sus profesores, especialmente los más jóvenes- pase por alto coladeros de títulos de doctor, que es el máximo reconocimiento académico. Las agencias de acreditación universitaria, sea del Gobierno central o de la Comunidad de Madrid, deberían tomar cartas en el asunto e inspeccionar el plan de doctorado de la Universidad Camilo José Cela y de cualquiera otra en la que las tesis doctorales tengan menos exigencia que un trabajo de fin de grado.