Control interior, apertura migratoria
En la madrugada de ayer fueron interceptadas tres nuevas pateras frente a las costas murcianas, mientras que la Guardia Civil de la región se desplegaba para tratar de localizar a más de cuarenta inmigrantes fugados de un pabellón de Cartagena
No solo se habló de fondos económicos en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes. Murcia y Andalucía exigieron al Gobierno que asuma sus competencias y su responsabilidad sobre los inmigrantes que llegan al país de forma irregular y que en numerosos casos han dado positivo en la prueba del Covid-19. Las quejas de los presidentes andaluz y murciano no son gratuitas: en la madrugada de ayer fueron interceptadas tres nuevas pateras frente a las costas murcianas, mientras que la Guardia Civil de la región se desplegaba para tratar de localizar a más de cuarenta inmigrantes fugados de un pabellón de Cartagena, donde guardaban cuarentena por su contacto con casos positivos de la enfermedad. Sin policías autonómicas, la seguridad de estas comunidades, como también Canarias o Baleares, igualmente afectadas por este éxodo migratorio, depende del Gobierno, y es el Ministerio del Interior el que debe reforzar la vigilancia, en este caso por pura emergencia sanitaria, de nuestras costas y centros de internamiento. El buenismo inclusivo que predica el Ejecutivo puede llegar a resultar atractivo como reclamo político en sus caladeros electorales, pero su aplicación práctica entra en colisión con la seguridad de todos, como sucede con la manga ancha aplicada a un sector del alquiler amenazado ahora por la okupación que practican las mafias. A costa de la libertad individual, establecer controles locales para contener el avance de la pandemia exige la adopción de medidas integrales sobre el perímetro que se pretende proteger, y nuestras costas son una vía de entrada no ya de la pobreza que castiga a los pueblos de África, sino la puerta abierta, sin apenas vigilancia, por la que a menudo se reintroduce el virus.
