Contra la violencia, toda la ley

Los brotes de violencia protagonizados por el grupo Arran contra intereses turísticos no son ocasionales, ni improvisados. La Policía ha elaborado análisis e informes sobre este grupo y otros de la esquerra independentista que alertan de que los ataques de «turismofobia» producidos en las últimas semanas en Cataluña y Baleares son un entrenamiento para una posible campaña violenta en caso de que el referéndum del 1-0 no se celebre. Los informes policiales describen a Arran como un grupo con organización e implantación suficientes para ejecutar sus amenazas. En general, la izquierda independentista violenta ya se ha acreditado con «okupaciones» ilegales, daños a entidades financieras y actos de acoso a la Guardia Civil y a partidos no nacionalistas. Por tanto, la preocupación de la Policía no es una mera hipótesis, sino la conclusión que extrae de datos reales que no admiten discusión. Y el primero de esos datos es que en Cataluña hay un riesgo inminente de «batasunización» de la vida pública con la implantación de un nueva versión de la « kale borroka », es decir, aquella violencia urbana generalizada que ETA ordenó aplicar a la sociedad vasca para «socializar el sufrimiento».

Lo que pretende la CUP con grupos como Arran o Endavant es lo mismo que pretendían ETA y Batasuna con Jarrai, y esto quiere decir que todos los poderes públicos deben sentirse avisados de lo que significan la violencia antiturista y los planes de la izquierda independentista catalana. La lección de la lucha contra el terrorismo urbano proetarra debe estar aprendida. Si la CUP incita a la violencia contra intereses sociales, políticos y económicos, y si Arran o Endavant ejecutan actos calificables como daños terroristas, la respuesta legal se encuentra en la ley de Partidos Políticos y en el Código Penal.

La ley de Partidos Políticos permite ilegalizar un partido una vez que se demuestra que practica conductas antidemocráticas y anticonstitucionales , sin necesidad de tener que imputarle un delito concreto. La dinámica pública de la CUP es una suma de actos de acoso y de invitación a la violencia incompatibles con la democracia. De Arran y Endavant, con los datos que ofrece la Policía, puede decirse que constituyen, como mínimo, asociaciones ilícitas cuyas actividades pueden ser suspendidas cautelarmente en cuanto la Fiscalía presente una querella y el tribunal competente -que podría ser la Audiencia Nacional si las agresiones se calificaran como terroristas- admita la medida de suspensión. España ya ha pasado por esto. Se tardó mucho en llegar a una Ley de Partidos Políticos avalada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Estado no debe flaquear a la hora de aplicarla a estos aprendices de la violencia urbana proetarra.