Contra la desobediencia, la Ley

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó ayer el ingreso en prisión de los siete miembros de los llamados «comités de defensa de la república» detenidos días atrás y acusados por la Fiscalía de delitos de terrorismo. En concreto, se les atribuye tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos e integración en una organización criminal cuyo objetivo es subvertir el orden constitucional. Más aún, la Fiscalía insiste en que estaban preparados para cometer atentados contra cuarteles de la Guardia Civil e instalaciones eléctricas sensibles en cuanto se hiciese pública la sentencia del Supremo contra los golpistas del 1-O. Las acusaciones son graves, por más que el independentismo institucional haya salido en su defensa -ayer con gritos de «libertad» en el pleno del Parlamento catalán- como si fuesen honorables ciudadanos que se limitan a discrepar de resoluciones judiciales, o ejemplos de civismo amparados en su libertad de acción política. Eso es sencillamente mentira, y sus métodos de actuación nada tienen que ver con expresiones democráticas. Los CDR se han convertido en un semillero de borrokas que promueven la violencia contra el Estado, la batasunización de las calles de Cataluña, y el ataque frontal a las instituciones. Y lo llamativo es que la Generalitat, y en concreto su presidente, Joaquim Torra, los defienda, justifique y ampare, como volvió a hacer ayer en una vergonzante sesión parlamentaria en la que se llegó a legitimar la desobediencia contra el Estado, se atacó a las Fuerzas de Seguridad y se aplaudió a un grupo de presuntos terroristas, dos de ellos confesos. A Torra le convendría releer el Código Penal, porque, por más que trate de acusar al Estado de represor, sus artículos están en vigor precisamente para combatir las acciones criminales que se planeaban. Es un error sostener que los indicios conocidos no apuntan a conductas presuntamente terroristas, y menos aún si dos de los detenidos reconocieron que habían adquirido sustancias explosivas con el ánimo de cometer acciones criminales.

Torra y sus secuaces creen que están legitimados para situarse por encima de la ley. Por eso amenazan al Supremo, exigen la salida de las Fuerzas de Seguridad de Cataluña, se identifican con los CDR poniendo a la Generalitat como escudo protector y se ríen de los jueces manteniendo pancartas prohibidas en edificios públicos, o negándose a acudir a su propio juicio por desobediencia. El Gobierno no tiene otra alternativa que impugnar, como ha anunciado, las resoluciones aprobadas ayer en el Parlament contra el Estado de Derecho. Ya es hora de que Pedro Sánchez -como presidente del Gobierno, no como candidato socialista en busca de aliados- abandone su discurso intencionada e interesadamente tibio y prepare la respuesta del Estado a una campaña de desobediencia que ya existía y ahora es oficial.