La complicidad de Quim Torra

Como era previsible por la pública y prolongada interacción entre violentos y políticos, las declaraciones judiciales de los detenidos que se integraban el denominado «Equipo de Respuesta Táctica» desarticulado en Cataluña empiezan a arrojar datos de su vinculación con sectores políticos separatistas. Toda declaración de un sospechoso de terrorismo implicando a terceros debe ser acogida con cautela y puesta en reserva hasta que otras líneas de investigación prueben esas acusaciones. Sin embargo, es imprescindible que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aclare sin género de duda si tenía o no alguna relación directa con los detenidos. Uno de ellos declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que Torra iba a facilitarles la entrada al Parlament el 1-O, para ocuparlo y utilizarlo como escenario para proclamar la república catalana. Esta declaración judicial, cuya veracidad debe ser comprobada con el máximo rigor, se produce después de que el propio presidente catalán haya encabezado, desde el día de la detención misma, la protesta separatista, más como un «hooligan» activo de los Comités para la Defensa de la República que como máximo representante del Estado en Cataluña, en su condición de presidente del Gobierno autonómico.

Tampoco se ha privado Torra de jalear, en cuanto le ha sido posible, la actividad callejera de los CDR. Su famoso «apretad», dirigido a los miembros de los CDR reunidos en el primer aniversario del 1-O, cobra ahora tanto sentido como su empeño en descalificar la actuación de la Audiencia Nacional como de la Guardia Civil. Si realmente Torra se prestó a colaborar con los detenidos, se entiende que los defienda frente a las gravísimas acusaciones de la Fiscalía y que lidere un ataque contra los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pronto se sabrá si Torra solo quiere apoyar a los «camisas pardas» del separatismo catalán, o busca protegerse a sí mismo. El presidente de la Generalitat debe ser, ante todo, muy sincero con su respuesta, porque al final todo se acaba sabiendo y a los mentirosos se les descubre enseguida.

Ahora bien, cautelas aparte, el más mínimo indicio de cooperación de cualquier dirigente político separatista con los detenidos en la «Operación Judas» debe dar lugar, de forma inmediata, a la correspondiente investigación penal. Esta no era la tramposa «revolución de las sonrisas» que prometía el separatismo, sino la pura y simple campaña coactiva y mafiosa que todo nacionalismo radical y antidemocrático acaba desatando contra la democracia y el imperio de la ley.