El clan Pujol, un agujero sin fondo

Las nuevas revelaciones dadas a conocer en exclusiva por ABC en torno a las correrías aparentemente delictivas del clan Pujol resultan inquietantes. La mera sospecha policial de que Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat catalana, está cometiendo nuevos delitos mediante oscuras operaciones financieras durante la tramitación de los procedimientos judiciales en marcha, debe poner urgentemente sobre alerta a la Audiencia Nacional. No se trata solo de evitar cualquier acto de impunidad añadida en la conducta de Pujol Ferrusola, sino de impedir esa irritante sensación de que el clan Pujol es inmune a la acción de la justicia, o de que nada se hace para evitar un fraude perpetuado en el tiempo, con principio conocido, pero sin final . En los tres años de instrucción judicial que afecta a Jordi Pujol, la Fiscalía nunca ha solicitado medidas cautelares más allá de la retirada de su pasaporte . No se ha considerado necesario solicitar su prisión preventiva. Las nuevas noticias –ha evadido otros cinco millones desde que se le investiga judicialmente– son preocupantes, y contribuyen a una desmoralización ciudadana por la ineficacia de las medidas adoptadas contra él.

En el caso de la familia Pujol, como en el de tantos y tantos imputados, no se trata de contribuir a un encarnizamiento mediático gratuito o irresponsable, o de vulnerar su presunción de inocencia con una condena preventiva cuando todos sus miembros, sin excepción, ni siquiera han sido juzgados aún. Pero es evidente que si su situación procesal de libertad permite destruir pruebas o la comisión de nuevos delitos de blanqueo o de alzamiento de bienes, como sostiene la UDEF, es que algo se está haciendo realmente mal. Llegados a este punto de la investigación, las circunstancias aconsejarían la adopción de medidas mucho más radicales que la mera retirada del pasaporte para Pujol Ferrusola. La Fiscalía está en su legítimo derecho de ponderar y exigir qué medidas son esas, y a su vez el juez lo está para decidir cuáles adopta y cuáles no. Pero lo que está fuera de toda duda es que en casos de corrupción objetivamente menos graves en su cuantía económica, y mucho menos escandalosos que esta trama con tintes mafiosos, las órdenes de prisión han servido para evitar el riesgo de fugas, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva . En este caso, si nos atenemos a los reproches de la Policía Judicial al Juzgado, no está siendo así. Por tanto, sería injusto alimentar la sensación de que el clan Pujol goza de un plus de privilegio procesal respecto a muchos otros encausados, o de que hay una justicia a varias velocidades a la hora de plantar cara a los desmanes corruptos y abusivos de toda una familia dedicada a un latrocinio sistemático. Por presunto que sea.