Clamor contra la «ley Celaá»

Las multitudinarias manifestaciones celebradas ayer en varias ciudades españolas con decenas de miles de familias indignadas por la aprobación de la controvertida «ley Celaá» fueron un clamor por su derogación. Esas protestas, forzosamente realizadas en miles de coches dadas las restricciones del estado de alarma que impiden concentraciones ciudadanas al uso, son una obligación moral más allá de un legítimo derecho a la libertad de expresión contra una norma sectaria. La esencia de la «ley Celaá» es un ataque frontal a la libertad de elección del modelo educativo al que los padres tienen derecho, y es una agresión ideologizada contra la escuela concertada, y desde luego contra toda la exitosa estructura de la educación especial. Su puesta en marcha el próximo curso no afectará solo al bolsillo de muchos ciudadanos por la negativa del Estado a seguir sufragando parte del coste de la educación concertada, sino también a la libre elección de centro escolar, y empezará a dejar sin recursos especiales a niños cuyas específicas necesidades neurológicas les impiden adaptarse como un escolar más a las aulas comunes.

Es lógico que la oposición haya anunciado ya la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la «ley Celaá» y contra la arbitrariedad del Gobierno, que parece haber puesto velocidad de crucero a una legislatura basada en la merma de garantías para los españoles. La insensibilidad demostrada por el Ejecutivo con la aprobación de esta ley, y con su silencio tras las protestas de los últimos días, demuestra que nada va a hacerle cambiar de criterio en su obsesión por fracturar a la sociedad. Solo el Tribunal Constitucional podría devolver las cosas a su estado de normalidad reactivando una legalidad que ahora se vulnera de forma flagrante. Sin necesidad de entrar artículo por artículo en el análisis de la ley, parece evidente que la erradicación del español como lengua vehicular, para que las autonomías que así lo deseen la eliminen del mapa educativo, es abiertamente inconstitucional. ABC lleva semanas denunciando que esta norma es el precio impuesto por el nacionalismo y el separatismo para que Sánchez pueda aprobar los Presupuestos Generales y no se vea forzado a convocar elecciones. Pero el hecho de que haya sido aprobada por el Congreso -por un único voto- no implica que sea constitucional. Lo dramático es que cuando el TC tenga a bien dictar sentencia, el independentismo habrá arrasado el castellano para toda una generación. Por eso se antoja una necesidad social inexcusable que los gobiernos regionales del PP arbitren medidas para que al menos la concertada y la educación especial sigan subsistiendo, y se garanticen así los derechos que el Gobierno niega a cientos de miles de familias.

También tiene visos de inconstitucionalidad la fulminación de la religión de las aulas, y su sustitución por un sucedáneo -«cultura de las religiones»- que no tiene nada que ver con el carácter aconfesional del Estado, sino con la obsesión de la izquierda por ningunear a la Iglesia. Esta ley es el subterfugio con el que el Gobierno pretende reducir a la nada el espacio público para la enseñanza de la fe católica, apropiándose de un concepto perverso del laicismo y vinculando la escuela pública solo a la izquierda ideológica. Finalmente, y por simple estrangulamiento, se coartará la libre elección de centros, lo cual presenta serios indicios de ilegalidad. Sánchez tiene clara su prioridad: solo dividiendo a la sociedad, fragmentándola en bloques ideológicos, se garantiza años de poder. Dividir España en dos es su especialidad. Más aún, es lo único que hace bien.