Cataluña, de las palabras a los hechos

La importancia de las manifestaciones constitucionalistas en Cataluña siempre ha sido más cualitativa que cuantitativa, porque han implicado una recuperación del espacio público, por parte ante todo de los ciudadanos, para la defensa del orden constitucional y democrático. Este es el significado de la manifestación que ayer recorrió Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana, y a la que asistieron los principales dirigentes del PP y de Cs. Por parte de los socialistas acudieron su secretario de Organización, José Luis Ábalos, Josep Borrell y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. La manifestación fue un contrapunto al monopolio separatista y violento de las últimas semanas y renovó el mensaje de que Cataluña es plural. Un mensaje que no entienden los independentistas, cuya visceralidad les impide aceptar la diversidad, salvo aquella que les beneficia. Pero parece que los socialistas tampoco entienden esa pluralidad catalana, no sólo porque cuando hablan de su plan para Cataluña siempre es un programa de concesiones al nacionalismo, sino también porque rehúyen cualquier gesto que los sitúe con el constitucionalismo junto al PP y a Cs. Ayer mismo los socialistas desaprovecharon la ocasión de firmar una imagen de unidad junto a Casado y Rivera, como si no hubieran sido suficientes las jornadas de violencia separatista extrema, las declaraciones desleales de Torra y la reafirmación del frente secesionista por el derecho a la autodeterminación. Los líderes socialistas se situaron lo más lejos que pudieron de PP y Cs. ¿Qué más necesita el socialismo español para dar el paso hacia la unidad de acción con los partidos constitucionalistas? Probablemente sea que el PSOE esté jugando de nuevo a dos barajas: la firmeza de boquilla y el pacto con ERC como objetivo final.

Más allá de la motivación que lleva a los socialistas a mostrarse tibios en la defensa de la Constitución, la consecuencia de esta táctica es desanimar a la sociedad civil catalana no independentista y desmovilizarla de su confrontación con el separatismo. Para las decenas de miles de manifestantes que ayer acudieron al llamamiento de Sociedad Civil Catalana, es imprescindible que el Estado los respalde con políticas activas de aplicación de legalidad constitucional, de la preservación del orden público y de castigo del vandalismo separatista. No es admisible la imagen de unas fuerzas policiales en retirada ante el acoso de una banda de ultras, porque desalienta a los ciudadanos a asumir sus retos diarios de confrontación con el separatismo acosador y silencioso -a veces estruendoso- de oficinas, hospitales, escuelas, edificios públicos o corporaciones profesionales. No es Torra el único que tiene que elegir su papel en el conflicto separatista, como le pedía Grande-Marlaska; también el PSOE debe decidir a qué carta juega en Cataluña.