Caos jurídico contra la pandemia

El Consejo de Ministros se reúne hoy para aprobar por real decreto el segundo estado de alarma de ámbito nacional. La finalidad de esta nueva medida constitucional es, según el Gobierno, dar cobertura a los llamados «toques de queda» nocturnos que algunas comunidades autónomas ya están ejecutando, como la de Madrid. Por tanto, para saber si esta alarma es necesaria o no quizá fuera oportuno esperar a la resolución de los tribunales sobre tales medidas. En esta sucesión confusa y desordenada de decisiones autonómicas y estatales subyace, ante todo, la ausencia de un Gobierno central en ejercicio de sus responsabilidades. La primera de esas responsabilidades no es jurídica, sino política, y consiste en asumir el liderazgo de un país que vive una crisis social, económica y sanitaria que desborda las hechuras el Estado autonómico. La segunda es claramente legislativa, y emplazaba al Gobierno de Pedro Sánchez, desde mayo, como tarde, a dotar al ordenamiento jurídico español de una ley orgánica hecha a la medida de la situación, sin equívocos, ni remisiones a una u otra ley. Una ley integral contra la pandemia, que regulara las competencias de las Administraciones Públicas, los derechos y libertades restringibles y las situaciones de crisis sanitaria que habilitarían esas nuevas medidas.

Esta izquierda gobernante ha dejado pasar la oportunidad de demostrar su federalismo, ese por el que tanto reclama una reforma de la Constitución, porque federalismo significa, en situaciones como la actual, tomar el mando desde el poder central para coordinar los gobiernos autonómicos y asegurar a los ciudadanos españoles una estrategia común contra la pandemia. Por el contrario, Sánchez se ha dedicado a jugar a tácticas de desgaste de la oposición para que le pida la alarma salvadora, mientras mantiene en silencio el Parlamento, solo activo a capricho del Gobierno y de su mayoría de investidura. En siete meses, el Parlamento únicamente ha aprobado uno de los diecisiete proyectos de ley a los que se comprometió Sánchez para convalidar otros tantos reales decretos-leyes. Por supuesto, del famoso plan B que Ciudadanos vendió como éxito de su apoyo a las dos últimas prórrogas del estado de alarma, no se ha avanzado un milímetro. Entre tanto, los gobiernos autonómicos parecen jugar a los dados cada vez que presentan sus medidas ante los jueces y estos tienen que compensar con sus decisiones, a veces contradictorias, la indolencia exasperante del Gobierno. El resumen de esta indolencia puede ser este: a principios de julio Sánchez alardeaba de haber derrotado al virus y hoy se dispone a decretar el estado de alarma.