La candidatura trampa de Jordi Sànchez

La candidatura de Jordi Sànchez, en prisión provisional por presuntos delitos de rebelión y sedición, es otra provocación al Estado por parte del bloque separatista. La finalidad del acuerdo entre Esquerra Republicana y JpC de proponer a Sànchez no es sino mantener el conflicto con el Gobierno y poner a prueba la resistencia de la Justicia frente a una segura campaña de descrédito. Sànchez podrá acogerse al voto por delegación en los términos establecidos por el magistrado Pablo Llarena, pero el problema que buscan provocar los nacionalistas es el de la presencia de su candidato en la sesión de investidura en el Parlament. La impermeabilidad de Llarena a las trampas del nacionalismo es una garantía para el Estado de Derecho y, por eso, es probable que no permita la presencia de Jordi Sànchez en la sesión de investidura. En cuanto Llarena dicte auto de procesamiento por el delito de rebelión y esta decisión sea firme, todos los procesados que estén en prisión provisional quedarán inhabilitados para cualquier función pública, incluida la presidencia de la Generalitat.

La estrategia del nacionalismo es el enfrentamiento constante, la única con la que el prófugo Puigdemont puede justificarse políticamente ante sus votantes. El mayor fracaso del nacionalismo será el funcionamiento normal de las instituciones, a pesar de la aplicación del artículo 155. Tras el primer impacto de los resultados electorales del 21-D, siguen vigentes las mismas anomalías en la vida cotidiana de Cataluña, con un sistema educativo secuestrado por el nacionalismo, unos medios de comunicación públicos sectarios y sus instituciones representativas esclavizadas por las tácticas antisistema del separatismo. Frente a este escenario de confrontación, todo el peso de la ley, pero también una firme acción política de Estado.