España, en la encrucijada de la pandemia

Si a nivel mundial la plaga del coronavirus conlleva unos efectos desastrosos de toda índole, singularmente de carácter humano, social y económico, es evidente que, dentro de los límites de nuestro país, de España, la situación presenta unos perfiles singularmente preocupantes desde una perspectiva política.

Para empezar, habría que resaltar que esta epidemia coge a nuestro país en una situación de poca fortaleza política , cualquiera que sea el punto de vista desde el que se contemple. Empezando por el Poder Ejecutivo, fácil es comprobar la endeblez en la que se encuentra, al tener que depender en el desarrollo del gobierno de la nación de un partido político de extrema izquierda y al tener que sustentarse en una escasa mayoría parlamentaria integrada , en parte, por fuerzas políticas contrarias a la unidad de España y al interés general de sus ciudadanos.

Desde otro ángulo valorativo, habrá de reconocerse, también, que, en este momento, no se vislumbra en nuestra nación la existencia de cualquiera otra fuerza política capaz de erigirse , por sí sola, en cabeza de ordenación y gestión de la acción pública que requiere la actual coyuntura por la que atraviesa el país, con lo que, claramente, se complica de manera alarmante la situación. Aun cuando pudiera pensarse en una coalición de partidos, ideológicamente situados entre el centro-izquierda y el centro-derecha, que llegara a propiciar una mayoría suficiente para garantizar un más adecuado gobierno de la nación, es lo cierto, sin embargo, que no se atisba, con adecuado margen de consistencia y seguridad, un liderazgo fuerte y seguro, susceptible de dirigir esa asociación de siglas políticas. Solo recurriendo a persona ajena a la propia coalición, lo que no es probable llegara a ser aceptado por quienes la habrían de conformar, se podría arbitrar, y no sin dificultades, una solución que se revelaría pragmática y dotada de cierta eficiencia en orden al gobierno de este país.

En otro orden de consideraciones, debiera preocupar el panorama que presenta en la actualidad la Administración de Justicia, es decir, la actuación propia del Poder Judicial del Estado, en lo que hace a la asunción de las secuelas judiciales tras la superación de la crisis del coronavirus . Y es que este sector de la Administración Pública, tan importante y esencial en el marco de un Estado de Derecho, experimenta, en estos momentos, el injustificado retraso de un año y cuatro meses en la renovación de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial . Y aun cuando, ciertamente, dicho órgano, en su actual composición, mantiene intactas las facultades y competencias que legalmente le corresponden no es dable desconocer, sin embargo, el inevitable agotamiento funcional con que ha de asumirlas en un momento como este, especialmente, requerido del mayor vigor político y administrativo. Si a esto se une la diseminación competencial que, en materia de Administración de Justicia, se produce entre el órgano de Gobierno de los Jueces, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, la incertidumbre se tiene que adueñar del ánimo de la ciudadanía, la que, a pesar de ello, siempre podrá contar con el generalizado nivel de preparación y de laboriosidad que caracteriza a la Carrera Judicial.

Por lo que hace al Poder Legislativo del Estado, si bien ha de mantenerse en funcionamiento, la existencia de la pandemia es clara e incide en el normal desarrollo de su actividad, la que, sin embargo, debiera normalizarse cuanto antes en la medida que las circunstancias lo permitan.

Al margen de los apuntados inconvenientes con los que se tienen que afrontar las secuelas de la pandemia del coronavirus en nuestro país, parece ineludible, sin embargo, que tanto nuestra clase política como nuestra dirigencia social deben desplegar un singular esfuerzo de entendimiento y colaboración que propicie la salida de esta emergencia nacional de la mejor manera y con los menores costes de todo tipo. Es tanto lo que está en juego en estos momentos y resulta tan manifiesta la carencia o insuficiencia de los adecuados resortes para hacerle frente que se impone una acción conjunta en la que prime la solidaridad ciudadana por encima de cualquier otro tipo de interés por legítimo que pueda ser.

Al respecto, está resultando verdaderamente ejemplar la disciplinada respuesta ciudadana a las restricciones de movilidad impuestas por la situación creada y la magnífica actuación de unas clases médica, sanitaria, de orden público y militar que están dando muestras no sólo de un altísimo índice de profesionalidad, sino, igualmente, de solidaridad y de cooperación ciudadana. Ha de ser, por tanto, motivo de verdadero orgullo nacional el constatar el elevado espíritu cívico existente en el pueblo español y el extraordinario nivel apreciable en el sector de los servidores públicos profesionales, lo que, en estos momentos, se erige en fuente de optimismo y de esperanza.

* Benigno Varela Autrán es magistrado jubilado del Tribunal Supremo.