EDITORIAL ABC
Baltasar Garzón, sociedad limitada
-U3086429561242--1200x630@abc.png)
El empresario venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo en ese país y defensor interpuesto del general chavista Hugo Carvajal, antiguo responsable de los servicios de Inteligencia de Venezuela y reclamado por Estados Unidos por narcotráfico, retrata al exjuez Baltasar Garzón en una carta en la que denuncia su trabajo jurídico. En 2016, Ruperti contrató los servicios del despacho internacional de Garzón con la idea de que defendiera a Carvajal e impidiera, llegado el caso, su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, Garzón, después de haber firmado un contrato de asesoramiento por trabajos valorados en unos tres millones de euros, y de haber cobrado prácticamente dos, ha sido despedido por Ruperti porque no consta que haya hecho absolutamente nada en la defensa del general Carvajal.
ABC ha tenido acceso a la carta firmada por Ruperti, demoledora contra Garzón. Por un lado, el que fuera magistrado instructor de la Audiencia Nacional no hizo un informe valorado en 1,7 millones, que cobró para contrarrestar las acusaciones contra Carvajal. Y por otro, ocultó a su cliente que había sido condenado en firme en España, e inhabilitado para ejercer como juez, por vulnerar las garantías de varios imputados del caso Gürtel. La deslealtad de Garzón hacia este cliente queda patente en la misiva que publica ABC en exclusiva. «Ni su despacho ha llevado a cabo los trabajos, ni me ha informado de nada relacionado con los mismos», sostiene Ruperti, quien incide en que no debió fiarse de alguien inhabilitado como juez, precisamente en un caso basado en las garantías procesales y que trataba de deslegitimar los métodos de la Justicia de Estados Unidos. Nada parece haber cambiado en los modos y maneras con los que Garzón se manejó siempre. Ni como abogado ni como juez.