Ayuntamientos: tras la victoria, sensatez

El Gobierno asumió ayer con un plus de resignación su llamativa derrota parlamentaria de la semana pasada, y anunció que deja en suspenso la regla de gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De este modo, los ayuntamientos rebelados contra la cacicada fiscal prevista inicialmente por Pedro Sánchez antes de su humillación en el Congreso podrán disponer de su superávit correspondiente a los años 2018 y 2019 para realizar sus propias inversiones. Una vez que Sánchez no ha podido usurpar los casi 16.000 millones de euros que no correspondía gestionar al Gobierno, solo le ha quedado el recurso de pacificar a las corporaciones locales proponiéndoles un nuevo decreto para ampliarles la disposición de esos remanentes hasta 2021 en el marco de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. De un lado, es indudable que el Gobierno da palos de ciego y que no ha sido capaz de contentar siquiera a los ayuntamientos gobernados por sus socios de investidura, ya que desde el PNV, pasando por ERC y llegando a Bildu, los alcaldes se habían negado a que Sánchez dispusiese de un dinero que legítimamente les corresponde gastar e invertir a ellos. La medida se basaba en un intervencionismo desmesurado, y el revolcón a Sánchez en el Congreso fue de órdago. Casi tanto como su rectificación de ayer, demostrativa de que La Moncloa no acierta ni cuando se corrige a sí misma. Primero, porque lo hace forzada por las circunstancias, y segundo, porque acredita una capacidad de equivocarse desconocida hasta ahora.

En la actual situación, hay unos 3.000 ayuntamientos sin superávit en sus cuentas que necesitarán la ayuda del Gobierno para cubrir sus necesidades durante todo 2021. No obstante, es una buena noticia mantener intactas a las corporaciones locales que consiguieron conservar remanentes de ahorro. Demuestra que el Congreso confía en su autonomía y en su capacidad pragmática de gestión por encima de cualquier posible abuso o despilfarro. La situación de España empieza a ser caótica en lo social y dramática en lo económico. Cualquier ayuntamiento que caiga en la tentación de hacer electoralismo ideológico con ese dinero, o que lo invierta en proyectos no prioritarios estará equivocándose de plano. La situación de acuciante necesidad empieza a ser trágica para miles y miles de familias que siguen sin percibir dinero de los ERTE pactados, o a las que les resulta imposible acceder al ingreso mínimo vital porque La Moncloa ha ralentizado, cuando no paralizado, su concesión. Los ayuntamientos deben ser conscientes de que si tienen libertad para disponer de sus remanentes, ha de ser para paliar la catástrofe social que se avecina en cientos de miles de hogares. No es momento de demagogia sectaria, sino de sensibilidad social y de gasto coherente.