Asalto fraudulento a la Justicia

El PSOE y Podemos perpetraron ayer la primera fase de un asalto fraudulento al Poder Judicial como jamás se había producido en cuatro décadas de democracia. Y lo hicieron con una maquinación parlamentaria diseñada para eludir los más básicos controles del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Recurrir, como ha hecho Sánchez, a la añagaza de que sean los dos partidos de Gobierno, y no el Ejecutivo, quienes registren una proposición de ley para una tramitación exprés que les permita nombrar a dedo a doce de los veinte vocales del poder judicial, marginando para ello expresamente al PP, no solo contraviene la previsión constitucional de que sean tres quintas partes del Congreso quienes los designen, sino que demuestra la falta de arrojo de Sánchez al no dar la cara y refugiarse en un trampa parlamentaria. Se trata de otra maniobra made in Moncloa para avanzar en lo que el ministro de Justicia tildó de «crisis constituyente». Ahora es cuando se percibe que aquello no fue un lapsus, sino una estrategia deliberada para hacer claudicar al poder judicial frente al Gobierno.

Sánchez, Pablo Iglesias y el separatismo se disponen a cometer un abuso antidemocrático a plena luz del día. Es un golpe en la nuca de nuestra justicia para controlar a capricho a los tribunales, pero sobre todo es la prostitución ideológica de un sistema que el constituyente previó para que nadie, ningún partido con ínfulas de intervencionismo, se adueñara de los jueces con el fin de burlar su independencia y someterlos sin margen alguno de libertad. Si prosperase esta desfachatez jurídica, a Sánchez y sus aliados les valdrán 176 votos para renovar el órgano de gobierno de los jueces, y no los 210 que necesariamente debería reunir. De un plumazo, eliminarían al PP y a medio Parlamento de la ecuación, asumirían el control absoluto de una operación de derribo en la judicatura, y sentarían las bases de un régimen de tintes bolivarianos para nuestras togas, con el añadido nada casual de que Pablo Iglesias está a un paso de su imputación penal en el Tribunal Supremo. Es la anatomía de un desmontaje, piedra a piedra, de nuestra democracia que comprometerá seriamente la credibilidad de nuestro Parlamento en Europa, de modo idéntico a como lo hizo el de Polonia al diseñar una operación mimética a la de Sánchez.

La arbitrariedad del Gobierno va mucho más allá que su manotazo al tablero de juego. Es un ademán de impronta totalitaria llamado a romper definitivamente los acuerdos de Estado que tanto necesita España entre sus dos principales partidos. Aquí no se puede reformar la Constitución por la vía de los hechos consumados o con una ley orgánica. Es un fraude invasivo. Además resulta poco creíble el relato ideado por el Gobierno, presentándose como rehén de un sistema bloqueado por la oposición. Sánchez oculta la verdad. Por dos veces en dos años accedió el PP a pactar, y por dos veces el PSOE contribuyó a frustrar la renovación del CGPJ. La última, este verano al negarse a condenar los ataques de Iglesias a los jueces. La victimización de Sánchez está repleta de falsedades. Igual que en Madrid decretó el estado de alarma porque los jueces le hicieron sonrojar, ahora pretende imponer en el Congreso una mayoría inventada para designar jueces a conveniencia de parte. Eso es propio de regímenes como Venezuela, donde la izquierda chavista sabía de antemano que fulminar la separación de poderes e iniciar una purga en la judicatura eran sinónimo de perpetuarse en el poder. Los síntomas en España empiezan a ser tan preocupantes como los paralelismos.

Pero es que además el Gobierno miente. Cuando hace dos semanas procedió a cubrir las vacantes de hasta seis plazas claves del Tribunal Supremo, lo hizo con amplísimas mayorías propiciadas y apoyadas expresamente por vocales propuestos por el PSOE. De igual modo, Sánchez olvida que algún mandato socialista al frente del CGPJ se prolongó durante casi dos años. Pero, sobre todo, el PSOE obvia cómo en 2008 aprobó junto a IU y a CiU la llamada «enmienda Casas» para prorrogar automáticamente y sine die el mandato de la entonces presidenta del TC, María Emilia Casas, en plena deliberación sobre el Estatuto de Cataluña. Por cierto, Casas se mantuvo como presidenta siete años -le correspondían tres-, y doce como magistrada frente a los nueve «oficiales». Y era legítimo. Poco ejemplo es el PSOE para denunciar vetos cuando ha sido el primer bloqueador de cargos en nuestra democracia. Tanto el PP como Vox anunciaron ayer que recurrirán al TC este golpe ilegítimo a nuestro sistema de leyes. Impugnarlo no es una cuestión de discrepancia jurídica, sino una obligación moral en defensa de la separación de poderes para evitar un asalto imperdonable a nuestra democracia.