Las argucias electorales del Gobierno

El maniqueo electoralismo de que hace gala Pedro Sánchez se intensifica ahora que su breve mandato toca a su fin. Prueba de ello es que está dispuesto a aprobar un aluvión de reformas de calado el próximo viernes, aprovechando el último Consejo de Ministros ordinario, a pesar de que está a punto de disolver las Cortes y tales medidas no podrán ser debatidas por los representantes de la soberanía nacional. Esta nueva argucia quizá sea legal, pero resulta ilegítima desde el punto de vista democrático, demostrando así que el líder del PSOE está dispuesto a casi todo con tal de satisfacer sus ansias de poder, desde pactar con el separatismo hasta utilizar las instituciones en beneficio propio con el único fin de ganar votos.

El Gobierno tiene previsto sacar adelante varios decretos justo antes de convocar los comicios del próximo 28 de abril. Entre otras medidas, el Ejecutivo socialista blindará la subida de las pensiones con el IPC en 2020, ampliará a 16 semanas la baja por paternidad, recuperará el Fondo para la Integración de Inmigrantes e incluso se plantea la posibilidad de tumbar la reforma laboral de 2012. Todo ello supone un inaceptable abuso de la figura del decreto ley, ya que la Constitución estipula que este instrumento legislativo está reservado únicamente para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.

Lo peor es que esta manipulación política para poner el BOE al servicio del interés partidista constituye una grave irresponsabilidad. En primer lugar, porque implica saltarse el obligado debate parlamentario y, en segundo término, porque disparar el gasto público sin contar con los recursos necesarios y derogar por la puerta de atrás una reforma que ha logrado crear más de 2,5 millones de empleos acabará dañando tanto la solvencia de las cuentas públicas como la recuperación de la economía. Y eso sin contar el profundo desprecio a las instituciones que denota dicha maniobra, puesto que Sánchez pretende imponer su programa electoral mediante decretazos después de que el Congreso rechazara sus Presupuestos.