El poder

Están sucediendo acontecimientos que obligan a cuestionar a fondo temas relativos a los límites en el ejercicio del poder, recordando, por de pronto, la famosa afirmación de Lord Acton, «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». En el mundo geopolítico la invasión de Ucrania, injustificada e injustificable, demuestra a qué niveles de irresponsabilidad puede elevarnos ese género de poder que necesita demostrar su existencia utilizando la fuerza y la capacidad destructiva, las más de las veces para ocultar sus propios problemas y de paso para dar advertencia a otros enemigos potenciales.

La calidad democrática se está reduciendo día a día y los poderosos abusan groseramente de la incapacidad de reacción de una sociedad civil sin instituciones consolidadas, y por ello carentes de vigor y de valor para protestar y corregir con fuerza este deterioro dramático.

Estamos viviendo una democracia en la que las personas mayores se están quedando aislados en un proceso que se inicia con el acortamiento de telómeros y la pérdida de fuerza para el ejercicio físico, pero sobre todo por la ausencia de profesionales preparados que puedan aplicar sistemas eficaces de envejecimiento activo a personas que representan, en los países desarrollados, entre el 20 y el 25 por ciento. Hay que inquietarse y reaccionar con prontitud porque estas personas aportan una experiencia indispensable y la sensatez necesaria para momentos complejos y cambiantes. Hay también que controlar ese género de poder que piensa que su ejercicio debe limitarse a aplicar los métodos más eficaces para mantenerlo íntegramente, renunciando por completo a su capacidad transformadora para mejorar la sociedad. Es un auténtico delito contra la convivencia civilizada, pero este género de pensamiento se está generalizando en España y en el mundo occidental. Pero el poder que ofrece más peligros es, sin duda, el poder menesteroso de ayudas ajenas para lograr ser ejercido. Es ahí donde suelen morir muchas convicciones ideológicas para dar paso libre a las ambiciones políticas con justificaciones realmente desoladoras desde un punto de vista ético. Algunos espectáculos ofenden decisivamente a los valores democráticos y podrían ser incluso objeto de acciones penales.

Sería bueno que empezaran a formularse en nuestro país. Sería una forma eficaz para mejorar la calidad democrática.

Antonio Garrigues Walker es jurista