Amenazar y anular a los jueces...

A izquierda y derecha del espectro ideológico, el creciente hartazgo de la judicatura por las coacciones e intromisiones del Gobierno empieza a convertir la situación en insostenible. Los últimos ataques de miembros del Gobierno, en especial de Pablo Iglesias, al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su decisión de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con indicios de delito en la conducta del vicepresidente, provocaron ayer que este juez pidiese auxilio al Consejo General del Poder Judicial. En apenas unas horas, se le ha insultado, se le ha amenazado de muerte y se le ha criminalizado precisamente por los mismos que hace solo unos días le elogiaban por imputar a exdirigentes del PP implicados en la operación Kitchen. Lo que está ocurriendo en España con las indisimuladas injerencias del Poder Ejecutivo en la labor del judicial empieza a ser muy grave porque va mucho más allá del legítimo derecho a discrepar de cualquier resolución judicial. El tono de Iglesias, y de la cohorte de estigmatizadores sociales que le profesan una sumisión más propia de Corea del Norte que de una democracia, supera ya lo inquietante. Parece una amenaza. El Gobierno de Sánchez cree ser propietario del poder para usarlo a conveniencia, y la izquierda ya ni siquiera se molesta en ocultar su operación de asalto al poder judicial con presiones cada vez más desafiantes.

Todo es una maniobra de Sánchez para socavar la separación de poderes, someter a la judicatura, controlar las designaciones de magistrados en puestos clave del Estado, y anular al disidente. El tono chulesco de Iglesias sosteniendo que es inimaginable su imputación ante el Supremo, y su insinuación de que García Castellón ha prevaricado, demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar para destruir la independencia judicial. Aparte queda la sandez de Echenique contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber dejado en ridículo la regulación del Gobierno de Sánchez contra la pandemia. Cuando Echenique sustituye la letra M de Madrid por la M de La Moraleja -un barrio próspero de Madrid-, demuestra la insolvencia intelectual que le caracteriza. Y cuando su legión de autoritarios exige en las redes sociales saber dónde viven esos jueces para «marcarlos», es señal de que nuestra democracia empieza a peligrar. Sánchez está emitiendo un mensaje destructivo porque su desprecio a la Justicia invita a pensar más en un próximo estado de sitio que en uno de alarma, y porque se están minando a conciencia nuestro Estado de Derecho y la autonomía de los Tribunales. Haría bien el Poder Judicial en reaccionar con menos floritura barroca, con menos diplomacia de despacho y con más contundencia en su legítima defensa, porque no merecen respeto institucional quienes, como Sánchez o Iglesias, ultrajan a las instituciones.