Pedro Sánchez se hace un ‘De Prada’

ES ya conocida la inestimable ayuda del famoso juez De Prada para propiciar la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Un juez con sentencias o votos particulares sonados como el que emitió en abril de 2011 justificando el denominado ‘chivatazo’ con el que se habría alertado a ETA sobre una operación contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún como parte «de un proceso de negociación política». En 2018, fue más allá de lo que estaba siendo juzgado, incluyendo en su sentencia del caso Gürtel aseveraciones que, como dijo el Tribunal Supremo en 2020 rectificándole, «en definitiva, efectivamente no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso». Pero el daño estaba hecho, y sobre esa mentira, Pedro Sánchez ahormó su moción de censura.

En ese mismo caso tuvo protagonismo otro juez, Garzón, inhabilitado por practicar escuchas ilegales en un procedimiento en el que también se vio involucrada una de sus fiscales de confianza, Concha (como la llaman los amigos) Sabadell. Y que no siguió los mismos pasos que Garzón porque se entendía que no se podían imputar delitos a una fiscal «por emitir un informe».

Ahora, a raíz de que ni la Fiscalía Anticorrupción (¿de quién depende? Pues eso, Sanchez ‘dixit’) ve indicios de delito alguno en el contrato más famoso de la pandemia y que algunos usan para cuestionar la honradez de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Concha vuelve a ser protagonista.

Resulta que hace un año Dolores Delgado (actual fiscal general del Estado, exministra del PSOE y con una relación conocida con Garzón) premió a Concha Sabadell designándola representante española en la Fiscalía Europea. ¿Han escuchado ustedes en este tiempo alguna actuación de esta Fiscal? ¿Se ha interesado por alguna de las múltiples irregularidades en los procesos de contratación durante el Covid del Gobierno de España? ¿Debe ser que desde que fue nombrada se estaba preparando para esto? ¿O es que fue designada por el Gobierno de España precisamente para esto?

No hay que ser muy docto en leyes para entender que, para que haya un delito de posible malversación de fondos europeos, primero hay que probar que exista esa malversación (que Fiscalía descartó por falta de indicios hace una semana) y luego ya, si eso, ver a quién compete velar por el correcto uso de esos fondos. Pero a Concha le da igual. Del mismo modo que se pasó años alargando la causa contra Camps por dos trajes (y 160 portadas de un diario nacional) hasta que se archivó, parece que nuevamente no hay prueba o evidencia que vaya a desviarla del objetivo a abatir. Pero ahora ya no serían informes lo que haría, sino resoluciones, y eso sí puede tener consecuencias penales.

Por desgracia no es el único caso. Más allá del legítimo paso de juristas a la política y de ahí a su profesión, parece evidente que, por mero pudor o apariencia de neutralidad, en algunos casos, la inhibición parecería como mínimo un acto de prudencia judicial. De lo contrario, uno podría entender que el hecho de que otro exfiscal general del Estado con el PSOE, Conde Pumpido (el de las togas y el polvo del camino), hoy magistrado del Tribunal Constitucional, se quede los casos en los que el PSOE acusa al PP, como los que afectan a la Asamblea de Madrid, están también inspirados en la ‘práctica De Prada’, es decir, situar en un órgano jurisdiccional a alguien cuya tarea es instruir los casos que beneficien políticamente a quien ahí le ha situado.

Alfonso Serrano es portavoz del Grupo Gopular en la Asamblea de Madrid