La agonía del «procés»

La respuesta del separatismo catalán a la detención y encarcelamiento de Carles Puigdemont por las autoridades alemanas está siendo una aceleración de los peores escenarios de violencia callejera e insumisión institucional que han jalonado el proceso de independencia unilateral. Los dirigentes secesionistas se resisten a aceptar que el «procés» iniciado con el primer referéndum del 9-N murió en cuanto Puigdemont fue detenido. La convocatoria de un pleno del Parlamento catalán para debatir mañana sobre el derecho de Puigdemont a ser investido presidente es poco más que un estertor agónico de la estrategia separatista. Antes o después, si el bloque independentista quiere conservar su mayoría absoluta, tendrá que proponer la investidura de un candidato sin tacha judicial alguna, aunque eso le suponga aceptar la superioridad de la Justicia española y del artículo 155 de la Constitución. Es el nacionalismo catalán el que ha llevado el conflicto a una disyuntiva de vencedores y vencidos, sin margen a la transacción ni al acuerdo razonable, que es lo propio del sistema democrático. Es el nacionalismo catalán el responsable de la respuesta judicial del Estado, no negociable, porque de ella depende la vigencia del Estado de Derecho. Es el nacionalismo catalán el que hizo necesaria la aplicación del artículo 155, también necesario para asegurar la supremacía de la Constitución.

El separatismo catalán navega en círculo alrededor de su impotencia. Proponer a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat sería un acto de reiteración delictiva, por cuanto supondría una nueva desobediencia al TC, que no permite la investidura a distancia. Por eso, Puigdemont no será investido, como tampoco lo habrían sido Jordi Turull o Jordi Sánchez. La democracia se degrada si no se ajusta al imperio de la ley. La consecuencia de esta incapacidad del separatismo para sobreponerse al Estado de Derecho fue la violencia desatada en las calles de las ciudades catalanas contra los Mossos d’Esquadra y las amenazas explícitas directas al magistrado Pablo Llarena y su familia. Además, representantes de partidos no nacionalistas ya requieren una protección policial reforzada, síntoma de la «batasunización» que sufre la vida catalana, en la que empieza a despuntar aquella doctrina etarra de la «socialización del sufrimiento». El ultranacionalismo, no se olvide, ha jalonado de violencia la historia de Europa en los últimos cien años. Este dato histórico debería ayudar a los nacionalistas catalanes a entender las razones por las que la UE rechazó la independencia de Cataluña, o Manuel Valls afirmó que «el nacionalismo es la guerra» o las autoridades alemanas han actuado con firmeza en la aplicación de la orden de detención emitida por Llarena contra Puigdemont. La justicia, la ley y la democracia están con España.