Agenda política contra la democracia

Para hacer frente al plan de restricciones democráticas del Gobierno de Sánchez no basta con que aparezca la ministra de Defensa, Margarita Robles, para dar un contrapunto con el que la opinión pública se consuele durante unos días. La democracia española se enfrenta a un avance progresivo de medidas políticas de control de las libertades y derechos individuales y de desactivación de los sistemas de vigilancia del Estado democrático y de Derecho. Son medidas tomadas, o toleradas, de manera colegiada y corresponsable por todos los que se sientan en el Consejo de Ministros, incluidos los que gozan de etiquetas de moderación, cuya influencia es nula frente a los excesos intervencionistas de Sánchez e Iglesias.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha aprovechado el viaje con el Rey Felipe VI a Bolivia para hacer su peculiar campaña de populismo bolivariano y colocar en la diana a la prensa que, a su juicio, apoya a la extrema derecha. En el imaginario comunista de Iglesias no es difícil sospechar que «extrema derecha» es todo lo que no acepte la superioridad política y moral de la izquierda y sus planteamientos de control social y político. A un populista como Iglesias hay que hacerle caso cuando identifica enemigos, porque la experiencia demuestra que las cosas cambian y no para bien. En una entrevista a un medio argentino, Iglesias se exhibe en todo su esplendor sectario metiendo en el mismo saco a la ultraderecha y sus apoyos mediáticos, los ataques a la Monarquía y la defensa de los condenados por el proceso separatista en Cataluña. Estas declaraciones no deben desligarse del plan ideado por La Moncloa para combatir lo que a su juicio es «desinformación». Durante el confinamiento de marzo, lo que el Gobierno entendía por «desinformación» era la crítica de los ciudadanos en las redes a la gestión de la pandemia, y no dudó en implicar a la Guardia Civil en su seguimiento.

No es suficiente con que Margarita Robles afirme que «a ningún gobierno le corresponde velar por lo que dicen los medios, en ningún caso», porque es lo que el suyo se propone hacer con un plan aprobado y publicado en el BOE. Tampoco es una iniciativa que desentone con la tendencia de este Gobierno contra el sistema de contrapesos diseñado por la Constitución para garantizar la división de poderes y el control democrático. La reforma de las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del CGPJ es una declaración explícita de someter el gobierno de los jueces a los grupos parlamentarios y al juego de sus representaciones. La opinión pública siente la amenaza del control ideológico de lo que, bajo la tacha de «desinformación», sea un legítimo ejercicio de la libertad de expresión y de información. El Congreso es despachado a una cita con Sánchez cada dos meses, normalizando de manera patológica la vigencia de un estado de alarma de medio año. Y la Corona, constitucionalmente asignada a la responsabilidad de moderar y arbitrar el normal funcionamiento de las instituciones, es objeto de acoso desde el Gobierno, con voz cantante de Iglesias y silencio connivente de Sánchez.

La explicación de estos desatinos es fácil para un «as de la democracia» como Iglesias: son medidas para compensar el poder de la derecha, sobrerrepresentada, como le gusta decir, en la prensa, la Justicia y, de manera más política, en los valores de la Constitución. Hay que hacer caso a los populistas cuando dicen lo que quieren hacer, más aún cuando tienen poder para hacerlo y se permiten asegurar, como Iglesias, que el PP «nunca volverá a formar parte del Consejo de Ministros». La democracia en España empieza a debilitarse con la extrema izquierda en el Gobierno.