Acicate para los piquetes coactivos

El derecho de huelga está reconocido en la Constitución y no cabe discusión respecto a su vigencia. Asimismo, la ley también reconoce con la misma contundencia el derecho a ir a trabajar. En consecuencia, el Código Penal castiga tanto las coacciones hacia los sindicalistas que quieren llevar a cabo una huelga como las que se pudieran cometer contra los que por decisión propia acuden a su puesto de trabajo y no secundan el paro convocado. Ahora, el Gobierno de coalición social-comunista planea derogar el artículo 315.3 del Código Penal para despenalizar las acciones intimidatorias contra los trabajadores que no quieran secundar una huelga, lo que sería claramente una grave fuente de injusticia y arbitrariedad puesto que consagraría el derecho de unos a restringir las libertades de otros. Todas las personas que opten libremente por trabajar durante una huelga quedarían en la indefensión más absoluta, tan solo amparados por la interpretación voluntariosa del delito genérico de coacciones, en un claro desequilibrio respecto a los que les estuvieran agrediendo.

El papel de unos sindicatos modernos en una economía globalizada sigue siendo muy importante, pero eso no tiene nada que ver con promulgar una legislación que consagra la desprotección de aquellos que no estén de acuerdo con sus posiciones. La decisión de seguir o no una huelga es un derecho absoluto de cada trabajador, tan inalienable como el de afiliarse o no a las organizaciones sindicales. Por algo será que en España el grado de afiliación sindical es tan bajo. No se podía esperar que fuese este gobierno tan izquierdista el que legislase para evitar que ciertas huelgas, en los servicios públicos esenciales por ejemplo, tomen a los ciudadanos como rehenes. Pero al menos sería bueno que, en esta coyuntura, no actuase como promotor de piquetes coactivos.