La verdad sobre las víctimas

Periódicamente, el Gobierno, a través de sus ministros o de su portavoz técnico, Fernando Simón, no tiene más opción que reconocer que sus previsiones sobre la evolución de la pandemia no se han cumplido. De tener algún caso aislado, como se dijo en febrero, hemos pasado a un confinamiento con miles de muertos e infectados. En esta deriva de incertidumbres, ya se ha admitido que la cifra de fallecimientos «es difícil de conocer». Es la última novedad suministrada por Fernando Simón, en la rueda de prensa de ayer, la cual encierra la admisión de un fracaso frente al que no cabe la resignación, sino la reacción y la responsabilidad. De ninguna manera el Gobierno puede empezar a deslizar el mensaje de que no se sabrá el número real de muertes a consecuencia del Covid-19. Semejante agujero negro en lo que será el relato de este drama nacional debe ser evitado a toda costa, porque España, como sociedad democrática y avanzada, no puede volver a la normalidad sin saber exactamente qué ha pasado y cuántos de sus ciudadanos han muerto.

Este anuncio de que el saldo de muertes puede ser indeterminado es un suma y sigue en el muro de la opacidad que empieza a levantar el Gobierno alrededor de los españoles, para eludir la visión del campo de batalla en que se ha convertido nuestro país. Algunas comunidades autónomas, como Madrid y Cataluña, no están escondiendo la existencia de fallecimientos no contabilizados, ocurridos principalmente en residencias de ancianos y en domicilios.

La explicación gubernamental de que sólo se computan oficialmente los fallecimientos de personas con un test positivo del virus es una forma poco convincente de mutilar la verdad de la pandemia, además de un esfuerzo vano porque, antes o después, esa verdad saldrá a la luz. Es necesario que la opinión pública se enfrente cuanto antes a la dimensión real de los efectos del Covid-19 y para este objetivo solo es necesario que el Gobierno modifique los criterios de cómputo de las víctimas y, renunciando a más tácticas de manipulación informativa, diga la verdad, de una vez y para siempre. No es una sorpresa que la izquierda política se acoja a la cómoda ley del embudo. Es la misma izquierda que puso al Partido Popular muy alto el listón de la transparencia y la responsabilidad con el Prestige o el único caso de ébola en nuestro país, por citar dos episodios accidentales que no causaron un solo fallecido. Ahora, todo son excusas de mal pagador para exonerarse de la certeza, cada día más consolidada, de que el Gobierno ha llegado tarde y mal a todas sus citas con la pandemia.