Torra debe cesar ya

El Tribunal Supremo reafirmó ayer que el inhabilitado Joaquim Torra debe abandonar su escaño en el Parlament de manera inmediata, aunque no entró a valorar si puede mantener o no su condición de presidente de la Generalitat hasta que la Sala Penal convierta en firme su condena por desobediencia. Es verdad que en su día era imprescindible que Torra fuese diputado para ser proclamado presidente, pero una vez elegido no está claro si forzosamente debe seguir siendo parlamentario para mantener la presidencia. La laguna legal, evidentemente contraria al espíritu de una norma que en puridad impone a un inhabilitado abandonar sus cargos, solo puede ser valorada ahora por el Parlament, que con seguridad se va a ratificar en que Torra no cese. Jurídicamente, es una aberración. Es una burla que el separatismo aproveche la interpretación fraudulenta de un supuesto limbo para pasar por encima de dos juntas electorales, del Supremo y hasta del propio Estatuto catalán. Pero políticamente es incluso peor porque Torra, lo quiera o no, entra en una situación de interinidad absoluta: va a pasar a depender en exclusiva de ERC, que lo puede dejar caer en cualquier momento, o abocará a Cataluña a nuevas elecciones. Su posición es insostenible y prolongar artificialmente su presencia en la Generalitat solo va a servir para que Pedro Sánchez mantenga viva la coartada de una mesa de negociación claudicante que satisfaga al separatismo.

Todo se basa en una hiriente perversión de la ley por la que el Parlament, la Generalitat y La Moncloa se confabulan para «despolitizar» cada arista del «conflicto». Al final, este es el triunfo de un guión cuasi-golpista para hacer creer a la ciudadanía que nuestras leyes o son abusivas, o son obsoletas o son sencillamente inservibles. Es el nuevo relato para que unos delincuentes -Junqueras y el resto de sediciosos lo son por condena firme, y Torra por propia jactancia de su desobediencia- sean blanqueados como políticos honorables que no han puesto en jaque al Estado de derecho, sino que son víctimas injustas de su aplicación. Resulta delirante. La resistencia de Torra es una inmensa farsa antijurídica, una rebelión ante decisiones firmes del poder judicial con la pretensión de que un escaño, un cargo público, o un parlamento tengan inmunidad perpetua incluso frente a la legalidad. Nada puede ser más autoritario por más que lo disfracen de democracia. Lo peor es la complicidad de Sánchez en esta deslegitimación de la justicia. Querer convencer a los españoles de que es la propia ley la que permite burlar a los Tribunales es diabólico y, sobre todo, mentira. Lo mismo que sostener que, con la excusa de actualizar la tipificación de delitos como la sedición, ampliamente castigada en países de nuestro entorno, en España hay que desactivarla. Es la enésima mentira de una estrategia del PSOE sumisa con el secesionismo.