Torra antepone la temeridad sobre la salud

El presidente de la Generalitat catalana desobedeció ayer la decisión de una juez que consideró ilegal el confinamiento de decenas de miles de personas en Lérida. De nuevo, un desafío flagrante a la legalidad por parte de Joaquim Torra; de nuevo, un delito de desobediencia de manual; y de nuevo, la imposición de una legalidad alternativa sobre la Constitución. Torra incurre en su enésimo ejercicio de cinismo al citar la salud de las personas como coartada de un chantaje independentista, como si el Estado no pudiera velar por la integridad de sus ciudadanos. El nuevo enfrentamiento de Torra con la Justicia se basa en la utilización política de una tragedia para enaltecer su independentismo y para justificar la comisión de otro delito flagrante, algo por cierto en lo que ya tiene experiencia. Torra se sabe inhabilitado hace meses y ahora ha decidido utilizar la salud pública para demostrar un nuevo desprecio al Estado. Pero usar la pandemia para hacer precampaña electoral es temerario.

También es cierto que parte de la culpa es de Pedro Sánchez. Siempre dijo que no había «plan B» si fracasaba la imposición del estado de alarma, y ahora aduce para evitar más desgaste que la responsabilidad de las medidas frente a los rebrotes del virus es de las autonomías. Sánchez y Torra olvidan lo que ha dictaminado una juez: que para confinar a miles de personas es preciso un decreto del Gobierno. Pero Sánchez no asume su responsabilidad en Cataluña para no ofender al separatismo y Torra no tiene reparo en provocar otro conflicto institucional severo, que es lo que menos necesita España. Con todo, lo peor es el desconcierto y la inseguridad jurídica en que ambos sumergen al ciudadano. Frente a las lagunas legales, solo ofrecen mensajes contradictorios y una sensación de abandono.