Toda la verdad sobre las víctimas

La actualización del número oficial de víctimas del Covid-19 elevó ayer hasta 28.315 la cifra de fallecidos por la pandemia, muy lejos todavía de los registros de un Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria (MoMo) en el que aparecen 43.034 personas más que en la estadística de hace un año. Lo que Fernando Simón califica de simple «controversia» es un debate público -uno de los más graves a los que ha tenido que enfrentarse la sociedad española- basado en la exigencia de conocer las dimensiones de la tragedia provocada con el coronavirus. Los protocolos y criterios epidemiológicos que maneja el doctor Simón quizá resulten útiles para elaborar y comparar modelos, pero no para responder a la opinión pública sobre la cuestión medular de esta crisis: cuántos han muerto, y por qué. Las cifras de fallecidos sin causa determinada se pueden interpretar, ahora o dentro de unos meses, plazo que se marca Simón para presentar su hipótesis de trabajo, pero ya están ahí, como un desafío denominado «exceso de mortalidad». No hubo diagnóstico, no se realizaron autopsias y nunca habrá una verdad absoluta sobre la abismal diferencia entre los 28.315 fallecidos que reconoce Sanidad y los 43.034 que figuran en el MoMo, miles de personas cuya muerte, al menos, Simón ya no achaca con frivolidad y falta de respeto a un «accidente de tráfico enorme». Enfriar con una metodología científica, por razonable que resulte, la magnitud de este drama no es aceptable, y tampoco dejarla para una sistematización que llevará meses de trabajo. Los datos ya están disponibles y no van a cambiar. Tenemos el derecho y el deber moral de saber cuántos murieron, y por qué. La ciencia en la que se ha amparado el Gobierno para descargar su responsabilidad a lo largo de esta crisis no puede ser ahora un obstáculo para ocultar, maquillar o retrasar una realidad que es social, política y también penal.