La solución no es un país subsidiado

No hay plan B pero vamos conociendo algunos detalles del plan A del Gobierno en lo que afecta al desempleo en España. Si a partir de ahora hay que acoger con alegría la mayor subida del paro de la serie histórica porque «somos capaces de dar cinco millones y pico de subsidios», el siguiente paso es exigir a las empresas que no despidan hasta 2021 y mantengan los ERTE, a costa de que tengan que devolver las ayudas recibidas si no mantiene al cien por cien las plantillas. Por decreto, las empresas no podrán extinguir contrato alguno alegando causas de fuerza mayor o económicas, técnicas u organizativas provocadas por la pandemia. Entendiendo la oportunidad de mejorar las condiciones de los despidos, el Ministerio de Trabajo, en manos de Podemos, está poniendo a los empresarios condiciones imposibles de cumplir y que abocarán al cierre a sociedades que no puedan soportar sus costes laborales en una época en que la recesión económica (que se estima que puede rebanar hasta el diez por ciento del PIB) hace inviable proyectos basados en las condiciones que presentaba el mercado antes de la crisis del Covid-19. Sectores enteros, como el turismo, verán cercenado dramáticamente su actividad y no podrán en ningún caso mantener sus plantillas. El problema del Gobierno es que trabaja con un escenario irreal, como si nada hubiera ocurrido, y así es imposible que cree un modelo útil para evitar la escabechina laboral. Mejor haría Sánchez en centrarse en ayudar a las empresas, hacérselo más fácil, porque de lo contrario la ruina se puede viralizar, como ya lo ha hecho durante los dos primeros meses de este tormento: cerca de 150.000 negocios destruidos. El futuro no pasa por prohibir los despidos por decreto sino en crear las condiciones para que se cree empleo. Lo contrario es seguir «celebrando» que cada mes haya que pagar un millón más de subsidios.