La solución no es la intervención

Las necesidades sociales impuestas por la pandemia del Covid19 tienen que recibir una respuesta del Estado, porque es el principal responsable de la gestión de los recursos públicos. Este protagonismo del Estado deriva de múltiples factores que tienen que ver con su existencia misma, y entre ellos destaca su potestad fiscal sobre ciudadanos y empresas, es decir, su capacidad para establecer y cobrar impuestos. Por eso, exigir al Estado eficacia en la gestión y atención generalizada a los ciudadanos no significa someterse a un visión socialista del poder estatal, sino reclamar legítimamente la contraprestación debida por el pago de nuestros impuestos. Esta apología estatalista es la táctica que la izquierda está empleando para intentar deslegitimar cualquier planteamiento liberal sobre la organización económica y política de la sociedad. Parece que quienes defienden el emprendimiento empresarial y abogan por la cooperación entre lo público y lo privado deben pedir perdón, como si las demandas al Estado en la crisis actual fueran exigencias de unos ingratos que corren a refugiarse bajo la Administración. Tiempo habrá de medir la eficiencia del Estado en los tiempos de respuesta, en el acierto de los diagnósticos, en el acopio de material sanitario y en la gestión de sus medios humanos y materiales. Lo que es inaceptable, por engañoso y fraudulento, es convertir esta pandemia en la prueba de la superioridad moral del intervencionismo socialista. Incluso una persona sensata como Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, ha sucumbido a este súbito prurito estatalista al pronosticar que «el Estado será el primer empleador, el primer consumidor y el primer propietario». Si es así, el fracaso está garantizado. Una parte del pensamiento europeísta sigue secuestrada por el paternalismo estatal con el que los fundadores de lo que hoy es la UE, conmocionados por la postguerra a partir de 1945, querían evitar otra crisis económica que avivara de nuevo el populismo.

La izquierda sigue instalada en la fascinación por los Estados hipertrofiados, sin entrar en el debate sobre la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. El discurso simplista del populismo de izquierda se limita a afirmar que cuanto más gasto público, más bienestar social. Pero este discurso obvia que lo fundamental es una gestión eficiente, que permita mejores resultados con menor gasto, como se ha visto en Corea del Sur con su éxito en la lucha contra el Covid-19. Además, a rebufo de estos mensajes sobre el Estado salvador se cuelan tendencias totalitarias en el gobierno político de la nación, porque quien se cree «propietario» de la economía, como sugiere Borrell, acaba creyéndose «dueño» de la libertad de las personas. En este debate ciudadano sobre la pandemia, la sociedad española debe estar alerta por sus libertades públicas. La historia lo aconseja.