Sin conciertos no hay enseñanzas

La enseñanza concertada sigue en el punto de mira de la izquierda, que la ha convertido en una leyenda negra dentro del sistema educativo español. Los estragos de la pandemia no han servido para suavizar estas fobias izquierdistas contra un modelo de educación que es imprescindible para garantizar el acceso de niños y jóvenes a su formación intelectual. El empeño de la izquierda en presentar la concertada como una usurpadora de fondos públicos es fruto de sus prejuicios históricos contra la sólida presencia de la Iglesia en la enseñanza en España. Pero este sistema de conciertos no se basa en una estrategia para privatizar la educación, ni para convertirla en una fuente de élites. Los centros que pudieran identificarse con estos rasgos se autofinancian y no necesitan conciertos con las Administraciones Públicas. Estamos hablando, por tanto, de una opción educativa abierta a las clases medias y trabajadoras, tan legítima como la enseñanza pública, porque también atiende y satisface un interés general. Para la izquierda el interés general es sinónimo de estatal y de funcionario, lo cual representa un patrón de pensamiento caduco, pero peligroso, por lo que revela de tendencia intervencionista y totalitaria.

La comisión de Reconstrucción constituida en el Congreso de los Diputados es el escenario del último intento de asalto por parte de la izquierda contra la enseñanza concertada. Las medidas propuestas en este órgano en el apartado de Políticas Sociales van más allá incluso de la contrarreforma educativa impulsada por la ministra Celáa. Buscan directamente el desmantelamiento de la red concertada mediante su marginación total en las inversiones reconstructivas. No prevé un solo euro. Es evidente que si la izquierda aplicara a la mejora de la enseñanza pública toda la energía y el empeño que pone en perjudicar a la concertada, aquella tendría unos niveles de excelencia incomparables. No se trata, sin embargo, de una competición entre una y otra, porque a las Administraciones les corresponde mejorar continuamente la oferta educativa pública. Y esto se hace no solo ampliando fondos públicos, sino gestionándolos bien, exigiendo una alta cualificación a unos profesores a los que se les debe pagar mejor e implantando unos criterios de evaluación a los alumnos que premien el esfuerzo y el estudio, cosa que no hace, por ejemplo, la nueva ley alumbrada por la ministra Celaá.

El Estado no regala nada, ni traiciona a la enseñanza pública subvencionando la enseñanza privada mediante conciertos. Por esta vía garantiza la libertad de elección educativa por los padres y asegura la sostenibilidad del sistema, que sería inviable si solo existiera una red pública de enseñanza. Ya va siendo hora de que la izquierda deje de convertir en enemigo todo aquello que quiere controlar.