Secreto de Estado o cita clandestina

El Gobierno se ha negado a entregar a través del portal de Transparencia el plan de vuelo y los permisos de sobrevuelo de la aeronave que aterrizó en Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, de pasajera. Amparándose en excusas legalistas, el Gobierno esconde unos datos que son fundamentales para conocer las razones por las que la dirigente chavista pudo entrar en España, descender del avión en el que viajaba y entrevistarse con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pese a tener prohibido el acceso a la UE. Lo que empezó siendo una visita de Ábalos a un «amigo», pasando por un encuentro «casual» con Rodríguez, se ha convertido finalmente en un secreto de Estado amparado en la normativa sobre secretos oficiales y política de seguridad informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Mucho tiene que temer el Ejecutivo de Sánchez para blindarse de esta manera. En todo caso, es un abuso que estos instrumentos, pensados para proteger los intereses legítimos del Estado, se utilicen para amparar la diplomacia subterránea con la dictadura venezolana. Parece la enésima burla de este Gobierno con uno de los episodios más turbios de su mandato, del que ha dado tantas versiones como veces se le preguntaba al ministro de Fomento, al que acompaña desde entonces la sombra de este escándalo.

El intento del Gobierno de tapar esta cita clandestina como secreto de Estado no durará eternamente y se conocerán las circunstancias de lo que a simple vista fue otro acto de cooperación del ejecutivo social-comunista con la dictadura chavista. Además, la decisión de mantener el encuentro de Ábalos con Rodríguez en la penumbra choca con la posición común de la UE hacia el régimen de Maduro, lo que da este oscurantismo una perspectiva que trascienda la política nacional. No fue una visita legítima ni amistosa, sino una ilegalidad que el Gobierno de Sánchez quiere enterrar con la prerrogativa del secreto oficial.