Sánchez y su política de venganza

Lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con las Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular es una política de represalia sin tapujos, mediante el ejercicio abusivo de las potestades legislativas que la Constitución prevé para el bien común, no para intimidar al adversario. Madrid, Andalucía y Murcia han cometido la osadía de representar una alternativa económica viable al intervencionismo socialista, cuyo paso por la historia reciente de los gobiernos se salda siempre con un aumento del paro y de la pobreza. El Ejecutivo de Sánchez quiere aplicar una armonización fiscal en impuestos como el de Patrimonio y de Sucesiones, no tanto para mejorar los ingresos públicos, sobre lo que no es capaz de ofrecer datos convincentes, sino para frenar los avances sociales y económicos de los ejecutivos autonómicos del PP. Además, el PSOE no se preocupa siquiera en disimular su decidida voluntad de agraviar a madrileños, andaluces y murcianos -sin distinción de lo que voten-, porque al mismo tiempo que anuncia la cacería fiscal de Madrid, Andalucía y Murcia, promete 4.000 millones de euros a la Generalitat catalana, distinguida por su prodigalidad en malversaciones separatistas, y transfiere nuevas competencias a favor del gobierno nacionalista del País Vasco. El traspaso de la gestión de la Seguridad Social supone una línea roja que luego será difícil de revertir.

Este es el paradigma del PSOE desde los tiempos de Rodríguez Zapatero: premiar a los desleales y perseguir a los constitucionalistas. Si tanto preocupa al PSOE la desarmonización de impuestos entre Comunidades -aunque, ¿no había que defender el Estado autonómico frente a tendencias centralizadoras de las derechas?- ahí tiene los privilegiados sistemas fiscales del País Vasco y de Navarra. Sin embargo, lejos de cuestionar la soberanía fiscal de esas Comunidades, el PSOE la protege con pactos políticos con el nacionalismo vasco, mientras descarga su sectarismo contra las que, en manos del PP, demuestran que el crecimiento económico, el bienestar general y el impulso empresarial no sólo son compatibles con políticas fiscales moderadas, sino que cobran fuerza gracias a ellas.

Esta política de represalia a costa de los impuestos es una temeridad indigna de un gobierno democrático y sienta las bases de una confrontación entre administraciones inoportuna en un momento de desaceleración económica. Sería mejor que el PSOE se preocupara de armonizar el respeto a la Constitución, el cumplimiento de las sentencias judiciales, el derecho a la enseñanza en castellano y la garantía de la igualdad entre españoles, en vez de sembrar la discordia cívica y de engañar a los ciudadanos más necesitados con sus falsos reclamos de «política social», que no es otra cosa que una fuente de paro y desigualdad.