Sánchez reniega de la democracia

La primera convocatoria de la «mesa de negociación» entre el Gobierno y el separatismo ha supuesto la normalización de una anomalía democrática porque Pedro Sánchez ha aceptado pactar la resolución de un «conflicto político» con un guión basado en ilegalidades y en la humillación del Estado por pura estrategia de supervivencia. Compartir mesa con imputados y condenados refleja, además, un cinismo notable y la doble vara de medir de la izquierda en su exigencia de ejemplaridad. Sobre esta base, la cita jamás debió producirse. Pero tuvo lugar, y han empezado a trascender algunos detalles de las conversaciones. El Govern reveló ayer que Carmen Calvo propuso el retorno de los huidos de la Justicia y la excarcelación de los condenados si eso suponía el final del «conflicto». Desde el punto de vista de las formas, una vicepresidenta habló por todo el Parlamento y por todo el Poder Judicial, como si España estuviese en un régimen autoritario, lo cual refleja el talante del Gobierno de Sánchez. La oferta de Calvo no deja de ser el blanqueamiento de unos gravísimos delitos, un pasaporte de inmunidad e impunidad para unos golpistas y el salvoconducto para que unos delincuentes regresen a la política como si nada hubiese pasado. O como si sus sentencias fuesen una nadería impresa en papel mojado. Además, se trata de independentistas que no solo se han jactado de pisotear la legalidad, sino que han expresado con orgullo victimista su voluntad de reincidir mientras entran y salen de prisión: Oriol Junqueras y Raül Romeva serán los siguientes. Es incomprensible que Sánchez haya accedido a semejante extorsión. No es nada más que la concesión de un indulto encubierto o una amnistía vergonzante, ofrecidos por la puerta de atrás de nuestro Estado de Derecho, y con la cobardía de no pasar siquiera por el Consejo de Ministros.

A día de hoy, la excarcelación de los condenados ya se está produciendo por la vía de los hechos consumados gracias al control que ejerce la Generalitat sobre las instituciones penitenciarias en Cataluña. Y con un notorio agravio comparativo respecto a miles de presos comunes. A su vez, el compromiso de deconstruir el delito de sedición para que pueda aplicarse de modo favorable y a la medida de los golpistas es una rendición absoluta del PSOE. Fabricar delitos bajo la excusa de su actualización para provocar excarcelaciones ad hominem es romper el principio de separación de poderes, ningunear a nuestros tribunales e imponer una mentira flagrante a la opinión pública. El Gobierno está pidiendo perdón a unos delincuentes a los que la democracia ha acusado, condenado y encarcelado con todas las garantías. Y lo hace en nombre de todos los españoles para contentar a una minoría. Lo que ha ocurrido no es una exaltación del «diálogo», sino la más despreciable negación de la democracia.