Sánchez quiere un nuevo orden

Si la reunión mantenida ayer por Pedro Sánchez y Pablo Casado en La Moncloa hubiese fructificado en algún asunto concreto, habría sido un milagro político. Conviene dejar la ingenuidad para mejores ocasiones, más aún después de que La Moncloa emitiera un inédito comunicado acusando al PP de bloquear la reunión antes incluso de que concluyese. Casado acudía a una trampa oculta bajo un supuesto acto de responsabilidad de Sánchez. Pero fue el enésimo episodio de simulación política del presidente del Gobierno porque es evidente que ya eligió hace meses a sus socios de gobierno. Y ninguno de ellos es el PP. Por lo tanto, era absurdo albergar cualquier expectativa de colaboración entre ambos partidos, al menos en estos momentos. Sánchez solo pretendía acorralar al PP y culpar a Casado de bloquear la renovación de instituciones esenciales como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, que objetivamente es lo único para lo que precisa de los escaños del PP. Ocurre sin embargo que acceder a la renovación del CGPJ o al TC al capricho y dictado de La Moncloa, de modo que ambos órganos gocen de ahora en adelante de mayorías social-comunistas, implicaría derribar el último muro de contención que impide un cambio de régimen en España. Sánchez se ha entregado al separatismo y pretende además que el PP bendiga ese plan regalándole la desactivación de nuestros jueces y tribunales. El Poder Judicial nunca podrá ser moneda de cambio para que Sánchez imponga su pretensión de anular la fuerza de la ley como contrapeso frente a la ilegalidad de algunos «conflictos políticos», o para avalar una reforma penal que supondrá el indulto encubierto de unos golpistas.

No es ninguna falta de generosidad la negativa de Casado a colaborar con Sánchez mientras mantenga la designación de Dolores Delgado como fiscal general, o si no da por inhabilitado a Joaquim Torra y desmonta la «mesa de negociación». Ni siquiera es oponerse por oponerse. Es una cuestión de responsabilidad institucional ante un Gobierno que está lejos de disponer de una mayoría parlamentaria que permita al PSOE controlar la «desjudicialización» de España. Entregar esa herramienta a Sánchez sería demoledor para la separación de poderes y un golpe irreversible para la credibilidad de nuestros tribunales. La ley, y las mayorías parlamentarias necesarias para renovar órganos constitucionales, están para cumplirse, no para derruirlas a conveniencia. Y la Constitución no ha durado 42 años para que se derogue por la vía de los hechos consumados, como se propone Sánchez. Ayer La Moncloa solo buscaba una coartada política para criminalizar de nuevo a la derecha, pero al menos ya sabe que sigue viva una oferta de Casado, propia de un partido de Estado, para sellar pactos imprescindibles para España si rompe con el independentismo.