Respuesta contundente a la okupación

La ocupación ilegal de viviendas se está extendiendo de tal manera en España que ya ha pasado de ser una excusa de la izquierda para atacar la propiedad privada a una grave alteración de la vida ciudadana, que está produciendo episodios indeseables de violencia vecinal. La inmovilización de millones de propietarios durante la vigencia del confinamiento ha acrecentado el problema, ya que ha permitido a auténticos delincuentes entrar en sus viviendas para instalarse en ellas y beneficiarse de una legalidad tan voluntarista como inútil. Da lo mismo que la vivienda allanada sea primera o segunda residencia, domicilio familiar o apartamento de vacaciones. Es propiedad privada y como tal, y sin ninguna duda, debe ser respetada y protegida. Y si tras la ocupación ilegal hay una verdadera situación de necesidad familiar, son los poderes públicos los que deben hacerse cargo del problema, pero en ningún caso debe asumir esa responsabilidad el propietarios de las viviendas ocupadas.

Hace dos años se modificó la ley de enjuiciamiento civil para crear un procedimiento que echara a los ocupantes ilegales en un tiempo de veinte días. En una justicia que funcionara con diligencia, este plazo sería bastante razonable. Pero, desgraciadamente, ni los tribunales funcionan con esta rapidez -y no por culpa suya precisamente- ni esta respuesta legal es suficiente. Hay que acudir a una vía más expeditiva, que devuelva cuanto antes la propiedad arrebatada al propietario, incluso por orden del juez de guardia a la Policía en cuanto sea presentada la correspondiente denuncia. Y, si en algún caso, esta fuera falsa o se pretendiera echar así a unos ocupantes legítimos, debería establecerse una serie de sanciones disuasorias al propietario de la vivienda.

Sin embargo, en estos últimos meses se ha visto que la ocupación ilegal ha afectado a viviendas de ancianos que por motivos relacionados con la pandemia no podían volver a su casa, o de sanitarios dedicados a luchar con denuedo contra el Covid-19; y que muchas recuperaciones de esas viviendas se han producido únicamente por la presión vecinal, en ocasiones violenta, bien por solidaridad con los dueños, bien por poner fin a las actividades incívicas de los ocupantes. O por ambos motivos. Estas respuestas de justicia privada son muy peligrosas y si se producen es porque el Estado se mantiene al margen. Ha abandonado una responsabilidad que debe retomar con máxima urgencia.