Reforma de la justicia penal con garantías

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció ayer en el Congreso que antes de fin año habrá presentado un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que traspasará al fiscal la dirección de la instrucción penal. Se trata del mismo asunto que cíclicamente, con cada cambio de gobierno, se pone sobre la mesa de las iniciativas importantes y nunca llega a concretarse. Sobre este modelo de nuevo proceso penal hay un consenso amplio, tanto político como técnico, aunque no unánime. De hecho, ya existen dos propuestas de nuevo proceso penal, la de 2011 y la de 2013, de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, respectivamente. En ambos textos es el fiscal el director de la investigación de los delitos, quedando el juez de instrucción remitido al papel de juez de garantías. No cabe duda de que el equipo de Campo tomará como base el texto de 2011.

Es cierto que España es el único país europeo en el que el fiscal no dirige la instrucción penal, pero este no debería ser el argumento determinante de la reforma. Tampoco ayuda a hacer fiable la iniciativa el hecho de que Sánchez haya elegido a Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado. Semejante nuevo modelo de justicia penal exige del Gobierno que aclare previamente cuestiones como las garantías adicionales de imparcialidad y de responsabilidad que tendrá el Ministerio Público para cumplir su función, la capacidad de los jueces para revisar la actuación de los fiscales, los derechos de las víctimas para acusar y el papel de la acusación popular, el derecho de defensa de los investigados y el control sobre la policía judicial. Sin estas premisas, este anuncio se queda en uno más de tantos y, también, en una propuesta abierta -si no hay un pacto de Estado que la respalde- a la manipulación de la independencia de los jueces y a su colonización por una fiscalía gubernamentalizada.