Las razones de una protesta

Las manifestaciones motorizadas que ayer colapsaron los centros urbanos de ciudades como Madrid no pueden ser despachadas, como pretenden el Gobierno y sus terminales, como una mera expresión de lo que denominan «ultraderecha». Para el pensamiento único, esta etiqueta lleva implícita una descalificación moral y que es utilizada para excluir a cualquier ciudadano de los estándares democráticos que la izquierda trata de imponer. El descontento político que aflora en la calles, parcialmente liberadas del cerrojazo impuesto desde mediados de marzo, obliga a reflexionar a un Gobierno que, en cambio, prefiere tachar de extrema derecha -fuera del sistema, o fuera de su particular sistema de valores- a quienes se manifiestan contra su gestión para no tener que dedicarles, como tantas veces ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, «ni un solo minuto». Se trata de una postura quizá cómoda para quien gobierna ensimismado y evita la autocrítica, pero irresponsable en un momento crucial para el futuro inmediato de España. En un falso y ya recurrente ejercicio de humildad, el Ejecutivo no deja de reconocer entre golpes de pecho y de forma abstracta sus errores, pero se niega a concretarlos, en busca de una absolución social -o indulgencia plenaria- que le evita pasar por el examen de conciencia, obligado en un sistema democrático en el que la gestión pública está sometida al escrutinio y la crítica de la opinión pública. Para el Ejecutivo que preside Sánchez, no es el momento. Cualquier error, como dijo ayer, incluido su pacto con Bildu, es responsabilidad del PP.

Aquella «desafección» que monitorizaba el Gobierno como un riesgo para la salud se ha visto acrecentada en las últimas semanas por la tardanza, la improvisación, la opacidad, el sectarismo y la arbitrariedad con que ha hecho frente a la pandemia, pero venía de lejos. Las indisimuladas cesiones del Ejecutivo al separatismo y las alertas económicas que desde 2019 trazaban la curva de un cambio de ciclo -ignorado por Sánchez y sus socios, más sensibles al gasto y el desbordamiento del déficit que a las reformas- están en la base de una protesta, hasta ahora silenciosa, de la que las manifestaciones de ayer no dejan de ser la punta del iceberg, explotada por Vox para rentabilizarla y capitalizarla electoralmente. El descontento, sin embargo, no tiene sesgos ideológicos y es proporcional a la tragedia que ha sufrido España. El Ejecutivo tendrá que asumir su responsabilidad en todo este sacrificio, primero humano y a partir de ahora económico, y es hora de que comience a rendir cuentas, sin escudarse en la simplista y calculada categorización que hace de la protesta para ignorarla. De momento es la única manera que ha encontrado para perpetuarse en el desgobierno y reincidir en unos vicios políticos, cada vez más lesivos para el interés general, que desafortunadamente no son nuevos.