El PSOE impone su moral

El PSOE no falla. En cuanto alcanza La Moncloa se quita la poca careta que le quedara y establece sus prioridades habituales: conservar el poder e imponer su agenda ideológica. Los datos del desempleo en enero de este año son muy preocupantes. La salida del Reino Unido está forzando un cambio en los ejes de poder interno de la Unión Europea. El separatismo catalán se frota los ojos con las concesiones del Gobierno. Pero a los socialistas les importa, sobre todo, Franco y la eutanasia. La portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ya ha anunciado que se introducirá la apología del franquismo como delito en el Código Penal. Esta reforma competirá en urgencia con la ley de eutanasia activa, encubierta en el eufemismo del «derecho a morir dignamente». En ambos casos, si el PSOE tramita estas iniciativas como proposiciones de ley, ahorrará al Gobierno y privará a la sociedad de los informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado o Consejo Fiscal. El Gobierno arrienda su potestad legislativa al grupo parlamentario del PSOE y se sustrae de los protocolos que pretenden garantizar una mínima calidad de la actividad legislativa propuesta por el poder ejecutivo. El único objetivo del PSOE es reconfigurar los valores de la sociedad española para ahormarlos a los estereotipos de la izquierda más ideologizada. El castigo a la apología del franquismo es un señalamiento a la reforma política de 1976 y a la Transición que desembocó en la Constitución de 1978, resultado de un proceso sin ruptura que aceptó la legitimidad del régimen franquista. Además, semejante tipificación penal entraña múltiples riesgos por el recorte de la libertad de opinión, porque, salvo que la norma detalle qué se puede y qué no se puede decir del franquismo, será muy difícil, desde el punto de vista constitucional, negar a un ciudadano que exprese públicamente un parecer positivo a la etapa franquista. Como lo sería prohibirle que defendiera el estalinismo. Hacer historia con el Código Penal es propio de dictaduras.

El mismo mensaje intervencionista reside en la legalización de la eutanasia activa, que es una forma -muy vieja, por cierto, y de triste memoria- de establecer rangos en la dignidad del ser humano. Quien solo ve carne y huesos puede incurrir en semejante desprecio por el enfermo o el anciano. Pero, como sucede con la práctica generalizada y consentida del aborto, la apuesta de este tipo de leyes es la muerte, no alternativas razonables de cuidados paliativos, de ayudas a las familias o de una regulación fiable de la ortotanasia o del encarnizamiento terapéutico. El socialismo no pierde un minuto en sus viejas filias y fobias.